El consorcio operador del Gasoducto Sur Peruano (GSP) señaló en una declaración oficial que el proyecto está listo para iniciar el proceso para devolver la licencia al gobierno, según informa Bloomberg. Sólo esperan la comunicación del estado peruano.

El Consorcio señaló que el gobierno peruano, en específico el concedente Ministerio de Energía y Minas, puede terminar el contrato, en una declaración oficial por correo electrónico.

“Ante la inminente imposibilidad de lograr el cierre financiero en esa fecha, es posible que se declare la terminación de la concesión”, dice el comunicado.

“La empresa concesionaria se encuentra a la espera de una comunicación oficial por parte del Gobierno, que nos permita iniciar los trámites del proceso de devolución de la concesión, de la mejor forma posible”, añade.

Avances
El consorcio señaló que el avance general del proyecto alcanza el 37.6%, mientras que la construcción montaje del sistema de ductos tiene un avance de 10.7%.

Además, han tramitado más del 66% de las Servidumbres y ya están en Perú el 62.76% de los tubos para la construcción del ducto. Este tendrá más de 1,000 kilómetros de extensión, señala.

“Actualmente tenemos 20 campamentos de obra entre Cusco y Arequipa, 19 puntos de acopio de maquinaria y tuberías, y cerca de 4,000 trabajadores”, señala el comunicado.

Graña y Enagás
Más temprano, el gerente general de Graña y Montero señaló que es muy difícil que en esta etapa se pueda conseguir financiamiento para el proyecto. “Ha llegado a la situación en que estamos al final, es muy difícil hoy día que podamos conseguir, no habiendo podido sacar a Odebrecht del proyecto,un financiamiento”, dijo en RPP Noticias.

En caso de revocarse la concesión, y que el estado tenga que subastar el proyecto, en el orden de prioridad de devolución de capital están primero los bancos, luego Graña y Montero y “al final si queda algo le quedará a Odebrecht”.

La española Enagás, socia en el consorcio GSP, dijo hoy viernes ante el regulador español de valores, que ambas empresas han constatado que el cierre financiero no ocurrirá antes del límite del 23 de enero.