Los primeros días de enero el Ministerio de Energía y Minas (MEM) emitió un decreto que busca agilizar la inversión en minería. Sin embargo, esta norma atentaría contra los derechos de las comunidades nativas, afirmó la congresista Verónica Mendoza.

El Decreto Supremo 001-2015 del MEM establece que para la autorización del proyecto minero y en caso de que los terrenos involucrados sean propiedad de comunidades campesinas, el inversionista solo deberá presentar una copia legalizada del Acta de la Junta Directiva de la Comunidad Campesina.

Es decir, bastará el acuerdo de la junta directiva en lugar de los dos tercios de los miembros de la comunidad reunidos en asamblea como estaba establecido en la Ley de tierras.

“He solicitado además un informe jurídico al Ministerio de Energía y Minas porque un decreto supremo no puede modificar una ley ni menos la Constitución. También estamos solicitando la opinión del Ministerio de Cultura que debe garantizar los derechos de los pueblos indígenas y que no se ha pronunciado hasta el momento”, explicó Mendoza.

Mendoza recordó que uno de los conflictos sociales más significativos de los últimos años, el Baguazo¸ ocurrió precisamente por la intención del Gobierno aprista de afectar los territorios de los pueblos indígenas.

Lea aquí la carta que envió Verónica Mendoza al ministro Eleodoro Mayorga