Desde mañana jueves 2 de julio entrará en vigencia la ley que delega al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia administrativa, económica y financiera por un período de 90 días calendario.

La norma publicada hoy establece que el Poder Ejecutivo podrá aprobar normas dirigidas a promover, fomentar y agilizar la inversión pública y privada, las asociaciones público-privadas y la modalidad de Obras por Impuestos, así como facilitar y optimizar los procedimientos en todos los sectores y materias involucradas.

Esto incluye mecanismos de incentivos y reorientación de recursos, que garanticen su ejecución en los tres niveles de gobierno, y en las distintas actividades económicas y/o sociales.

El Gobierno también podrá dictar normas para facilitar el comercio, tanto doméstico como internacional, así como para establecer medidas para garantizar la seguridad de las operaciones de comercio internacional y eliminar las regulaciones excesivas que lo limitan.

También se facilitará la provisión de servicios de transporte acuático regular de pasajeros, donde no haya oferta privada suficiente e idónea en la Amazonía.

Las facultades que tendrá el Poder Ejecutivo le permitirán perfeccionar la regulación y demás aspectos de las actividades de generación, distribución eléctrica y de electrificación rural, así como dictar el marco general para la interconexión internacional de los sistemas eléctricos y el intercambio de electricidad.

También podrá promover el consumo humano de recursos hidrobiológicos a través del desarrollo de la acuicultura, así como impulsar la innovación, la transferencia tecnológica, la mejora de la calidad, el desarrollo e implementación de los parques industriales y ecosistemas productivos, de manera sistémica e integral, así como de los CITE.

Para ello se establecerán procedimientos ágiles y transparentes para su rápido despliegue.

Un último aspecto de las facultades legislativas que tendrá el Poder Ejecutivo tiene que ver con establecer medidas que promuevan el acceso a la vivienda y a la formalización de la propiedad; así como fortalecer la rectoría en saneamiento con la finalidad de fomentar, modernizar, racionalizar y optimizar la infraestructura y asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos.

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Además se otorgarán incentivos fiscales para promover los fondos de inversión en bienes inmobiliarios, el arrendamiento de inmuebles para vivienda e impulsar el desarrollo del mercado del factoring.