Reuters.- Los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht en Colombia ascienden a US$ 27.7 millones, más del doble de la cifra informada inicialmente, informó el fiscal general al revelar que empresas nacionales y extranjeras, además de políticos y funcionarios, están implicados en la cadena de corrupción.

Según la información revelada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre, la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht se aseguró en Colombia contratos de obras públicas entre el 2009 y el 2014 abonando más de US$ 11 millones en pagos irregulares, que le generaron beneficios superiores a los US$ 50 millones.

Pero el fiscal Néstor Humberto Martínez afirmó que las investigaciones de su despacho han permitido establecer que la empresa brasileña realizó otros pagos a través de sus filiales en Colombia para asegurarse la adjudicación de la construcción de una autopista de 528 kilómetros con una inversión de más de US$ 1,700 millones.

“Se llevaron a cabo pagos relacionados con la adición de la Ruta Ocaña-Gamarra, a través de contratos simulados, cuyo objeto consistía en la prestación de servicios, que según las evidencias recaudadas no se habrían ejecutado ni prestado”, explicó el funcionario.

“Una vez recibido el dinero, estas empresas distribuían parte del mismo a través de otros subcontratos o transacciones posteriores, los cuales tenían el objeto de hacer llegar pagos irregulares a funcionarios públicos”, agregó.

Martínez anunció que se imputarán cargos criminales por lavado de activos y concierto para delinquir a dos ciudadanos brasileños, un portugués y tres colombianos, mientras que solicitará a la Corte Suprema de Justicia investigar a cinco congresistas presuntamente implicados en los sobornos.

Actualmente permanecen en cárceles de Colombia siete personas implicadas en el escándalo de corrupción, incluidos un exsenador y un exviceministro de Transporte.

Los sobornos de Odebrecht en Colombia salpicaron las campañas electorales del presidente Juan Manuel Santos y del candidato opositor Óscar Iván Zuluaga, que recibieron en el 2014 en forma ilegal aportes financieros de la constructora.