(Bloomberg) Los Gobiernos de la Unión Europea han reforzado aún más su posición sobre el Brexit al fijar límites a los servicios financieros e introducir exigencias explícitas sobre los derechos de residencia de los ciudadanos en el plan de negociación con el Reino Unido.

En una reunión celebrada esta semana en Bruselas, que dio inicio a una semana de conversaciones entre los 27 países de la UE, los diplomáticos aprobaron las solicitudes francesas para proteger los servicios financieros respecto a un acuerdo comercial futuro.

Los funcionarios europeos también reforzaron la parte del texto concerniente a los residentes europeos en el Reino Unido y la cifra económica que el Reino Unido deberá pagar al bloque.

En el borrador más reciente, los servicios financieros quedaron excluidos del acuerdo comercial y los diplomáticos insertaron un nuevo párrafo en el que se especificaba que “cualquier marco futuro debería salvaguardar la estabilidad financiera de la Unión y respetar su régimen normativo y de supervisión”, según el documento obtenido por Bloomberg News.

El texto fue revisado para reflejar una petición de Francia, un día después de la primera ronda de las elecciones presidenciales, de no aceptar que los servicios financieros sean parte de un acuerdo comercial futuro a menos que el Reino Unido esté dispuesto a aceptar las normas de la UE, según un cargo europeo.

La nueva redacción asesta un golpe al objetivo de la primera ministra Theresa May de alcanzar un acuerdo comercial amplio con el bloque que abarque los servicios financieros pero que al mismo tiempo libere al Reino Unido de la supervisión de las leyes de la UE.

También decepcionará a aquellos en el Reino Unido que especularon con que la victoria en las elecciones anticipadas de junio facilitaría un mejor acuerdo sobre el Brexit a May.

Las garantías recíprocas para proteger los derechos de los ciudadanos de la UE en el Reino Unido y los ciudadanos británicos en la UE en el momento en que se haga efectiva la salida del bloque debe incluir “el derecho a adquirir la residencia permanente después de un período continuo de cinco años”, según el proyecto.

La cuestión del número ilimitado de ciudadanos de la UE a los que se permite vivir y trabajar en el Reino Unido fue central en el referéndum del pasado junio, y May ha convertido en una prioridad recuperar el control fronterizo tras el Brexit.

La UE-27 insiste en que ha de lograrse un acuerdo para salvaguardar los derechos de los ciudadanos antes de que puedan comenzar las conversaciones sobre un acuerdo comercial futuro.

En una señal de que el tema podría resultar espinoso, los diplomáticos expusieron su posición sobre los ciudadanos en una reunión la semana pasada. En ese momento, dijeron que resolver la cuestión era una prioridad en las negociaciones y que las garantías deben ser “amplias, efectivas, ejecutables y no discriminatorias” y que las personas deberían poder probar su condición a través de “procedimientos administrativos fluidos y sencillos”.

El último borrador de negociaciones también actualiza la parte del texto concerniente a las contribuciones financieras del Reino Unido a la UE, subrayando que el pago debe tener en cuenta “todo el período de pertenencia del Reino Unido al bloque”.

El acuerdo de “divorcio” también debería abordar posibles problemas en la relación del Reino Unido con la UE en el futuro. La UE ha sumado las áreas de cooperación judicial y aplicación de la ley a la seguridad como aspectos que quiere incluir en el acuerdo, según el documento.

Se prevé que las directrices de negociación se aprueben en una cumbre de los 27 líderes de la UE sin May en Bruselas el 29 de abril. Sin embargo, la UE esperará hasta después de las elecciones británicas antes de iniciar las negociaciones.