POBREZA. El INEI se protege de los cuestionamientos a su medición de la pobreza: cita a organismos multilaterales, universidades, centros de investigación y hasta al MEF y el BCR, como integrantes de su comité consultivo, una de cuyas funciones es validar la metodología que aplica en sus encuestas para determinar quiénes son pobres y quiénes dejaron de serlo.
No vamos a rebatir estos resultados, pero sí nos parece relevante resaltar que la capacidad monetaria –la única variable considerada en la medición oficial de la pobreza en el país– no refleja necesariamente la situación en la que viven millones de peruanos. Haciendo un paralelo, es como si el desarrollo económico solo se midiese por los metros cuadrados construidos de malls.
Quizás una explicación sea que la metodología utilizada tiene mayor impacto mediático, pues ayuda al Gobierno de turno a resaltar la eficacia de sus programas sociales. Pero se sabe que el gasto social no es el único impulsor del ingreso de las poblaciones vulnerables –aunque la nota de prensa del INEI pretenda hacérnoslo creer–, también cuenta el crecimiento económico.
Hay que resaltar que el INEI incluye en su comunicado otro enfoque, el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), que, por su naturaleza multidimensional, podría considerarse más completo. Las NBI son cinco: carencia de servicios de agua o desagüe, viviendas inadecuadas, hacinamiento, hogares con niños entre 6 y 12 años que no asisten a la escuela y alta dependencia económica.
Lo curioso es que los pobres por NBI son menos que los pobres por ingresos (19.7% versus 22.7%), así que cabría preguntarse por qué no se utiliza este indicador como el oficial. En primer lugar, porque sería difícil explicarlo y, además, porque su disminución fue menor (130,000 personas versus 289,000). Estas cifras son del 2014 respecto al 2013.
¿O será porque las NBI se cubren con inversión en infraestructura, ampliación de servicios básicos y programas productivos, y no con transferencias directas? Por ello, es fácil deducir qué tipo de gasto social se priorizará cuando los recursos fiscales comiencen a escasear.
