AP.- La justicia peruana condenó el viernes por el asesinato de 53 personas a dos militares retirados en un emblemático caso que reveló las violaciones de los derechos humanos de civiles durante la lucha contra la guerrilla Sendero Luminoso.

El coronel Humberto Orbegozo fue condenado a 30 años de prisión y el también coronel Pedro Paz a 23 años por la muerte de los detenidos, la mitad escolares y universitarios, en un cuartel que se convirtió en uno de los principales centros de tortura y desaparición de Perú y que sigue funcionando en la capital de la sureña región de Ayacucho, cuna de Sendero Luminoso.

La fiscal Luz Ibáñez comentó a la prensa que el caso mostró cómo los militares impusieron patrones clandestinos de detenciones selectivas, desapariciones forzadas y aplicación de “métodos de torturas horribles” en su lucha contra Sendero Luminoso.

En el proceso se confirmó que los militares quemaron en un horno algunos cadáveres en el cuartel conocido como “Los Cabitos”. Los sucesos ocurrieron durante el mandato del fallecido Fernando Belaunde (1980-1985). La costumbre continuó y en otra sentencia de 2016 la justicia comprobó que también había existido otro horno para quemar seres humanos durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en el cuartel general del ejército en Lima.

Orbegozo, de 75 años, y Paz, de 79, no concurrieron a la audiencia. Todavía no se ha dictado sentencia a otros dos militares que han alegado insania y otro uniformado fue absuelto. La justicia dictó orden de captura para los sentenciados aunque la policía aún no los ha detenido.

“Si entrabas a los ‘Los Cabitos’ no salías”, dijo en 2016 a The Associated Press Esteban Canchari, un maestro de escuela que sobrevivió gracias a la intervención de una monja. “Los militares escuchaban valses de música criolla a todo volumen mientras me torturaban”, recordó.

Desde 2005 forenses de la fiscalía han hallado huesos pertenecientes a unas 109 personas de los que lograron reconstruir 53 osamentas completas en una zona contigua al cuartel, aunque se cree que el número de desaparecidos podría haber llegado a 300.

Investigaciones fiscales determinaron que peruanos de lengua quechua fueron llevados a “Los Cabitos” donde fueron asesinados, acusados sin pruebas de ser senderistas. En 2014 el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó una caravana itinerante llevando las ropas de las 53 osamentas de las víctimas para que sus familiares pudieran reconocerlas.

Entre 1980 y 2000 Perú vivió un conflicto armado que enfrentó de un lado a las fuerzas de seguridad y los comités campesinos de autodefensa y del otro a Sendero Luminoso. Una Comisión de la Verdad estimó que los muertos podrían haber alcanzado los 70.000 en todo el país.

En Ayacucho varios de los asesinados fueron arrojados a barrancos, llamados botaderos, adonde generalmente las madres, esposas o enamoradas de los detenidos iban a revisar los rostros de los cadáveres frescos para reconocerlos.

Muchas de esas mujeres formaron una asociación de desaparecidos y envejecieron buscando justicia.

Adelina García, de 53 años y cuyo marido fue secuestrado por uniformados en 1983 cuando ella tenía 19, estuvo durante la lectura de la sentencia.

“Eran hombres malvados. Hoy uno fue absuelto, hay otro que se murió antes de que lo condenen. Aquí la justicia es muy lenta”, se lamentó.