(Editorial de Bloomberg).- La corrupción en México es un problema legal y moral pero también económico. El costo anual equivale al 5% del PBI, según un informe, que también señala que casi la mitad de los empresarios dijeron que funcionarios públicos les pidieron dinero a cambio de contratos u oportunidades de negocio.

Peor aún, los que han sido descubiertos, raramente han sido castigados: Solamente el 1.5% de los casos de corrupción interpuestos en México terminan sentenciados. (En Singapur, en cambio, las cifras alcanzan el 80%). De hecho, muchos mexicanos dicen estar más preocupados por la corrupción del Gobierno que por la seguridad o la economía.

Cuanto más rápido los líderes mexicanos tomen cartas en la batalla por depurar al Gobierno, más rápido podrán calmar la inquietud de la gente, así como la de sus familiares y vecinos del extranjero. Ha pasado casi un año desde que los ciudadanos mexicanos lograron la aprobación de una serie de reformas constitucionales para reducir la corrupción. Un logro justamente aclamado por el presidente Enrique Peña Nieto como un “cambio de paradigma”. Pero lamentablemente el Partido Revolucionario Institucional, al que pertenece el presidente, está reteniendo leyes necesarias para que esas reformas tengan efecto.

La administración de Peña Nieto ha impulsado reformas admirables en la energía y la salud. Sin embargo, la corrupción descontrolada aún ensombrece al comercio y conspira contra el apoyo de los ciudadanos a una futura liberalización económica. El presidente necesita presionar a los miembros de su partido para que aprueben las leyes, aun cuando eso signifique convocar a la Legislatura a una sesión especial.

La llamada ‘Ley 3de3’ que agrupaciones de la sociedad civil mexicana elaboraron y pusieron en la agenda legislativa reuniendo más de 600,000 firmas, requiere que todo funcionario presente declaraciones de patrimonio, de situación fiscal y de intereses. Entre otras cosas, esta legislación le dará más poder y autonomía a una fiscalía especial y creará una estructura para coordinar todos los esfuerzos anti-corrupción del Gobierno.

Los mayores partidos de la oposición han apoyado el proyecto. Pero el PRI se ha resistido a discutirlo en sesión abierta, ha buscado maneras de reducirlo (proponiendo, por ejemplo, que los funcionarios puedan, en algunos casos, evitar ser enjuiciados por el uso indebido de los fondos públicos a cambio de reponerlos) y ha argumentado que hacer pública la información podría dar pie a una caza de brujas. Y eso ha retrasado el cambio que México necesita.

La corrupción no solamente alimenta la indignación de los ciudadanos sino también distorsiones tóxicas sobre México como las que venden Donald Trump y otros extranjeros. La reputación de México en el extranjero mejorará cuando el Gobierno empiece a liderar, y no a entorpecer, la lucha contra la corrupción.