Según un informe preliminar, más de 11,680 cubanos damnificados por Irma reciben actualmente asistencia estatal en nueve de las 15 provincias del país, donde el ciclón causó daños a unas 158,550 viviendas, de las que 14,657 quedaron totalmente destrozadas.

Ambos gobiernos regionales buscan una mayor parte de los ingresos fiscales y de la responsabilidad en ámbitos políticos como seguridad, migración, educación y medio ambiente.

El riesgo que ha registrado la mayor siniestralidad fue el correspondiente a incendio y líneas aliadas, con una reserva que alcanzó US$ 530 millones al mes de septiembre, según la SBS.

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