Ross es el último y más flamante fichaje del despacho estadounidense Baker & Hostetler.

Su trabajo consiste en analizar montañas de jurisprudencia y resolver en tiempo récord las cuestiones que le plantean sus compañeros. Pero Ross no es un abogado cualquiera.

Es un sistema de inteligencia artificial creado por IBM a partir de su plataforma de inteligencia cognitiva Watson. La start up que lo gestiona, Ross Intelligence, tiene como clientes a 10 despachos de abogados y es un ejemplo de ‘legaltech’, un concepto que está revolucionando el mundo de la abogacía.

El término hace referencia al uso de la tecnología en el ámbito legal. Dos mundos a priori muy distintos, pero condenados a entenderse desde el momento en que buena parte de las tareas que se realizan en el ámbito jurídico (hasta un 23%, según un estudio de McKinsey) son automatizables, es decir, pueden ser realizadas por un programa informático.

El sector de las ‘legaltech’ se encuentra en plena ebullición en España, aunque aún le queda camino por recorrer para equipararse con las mecas legales del mundo anglosajón, Londres y Estados Unidos, que destacan además por una mayor tradición tecnológica.

“En España hay unas 50 iniciativas consolidadas y muchas más en fase de ideación. Todavía hay un gap con el mundo anglosajón, pero se irá cerrando”, comenta Francesc Muñoz, CIO de Cuatrecasas.

Además, el mercado español cuenta con una base importante de despachos de abogados, por lo que resulta muy atractivo para las legaltech, que ven un campo abonado para instalarse y crecer.

“Lo que antes eran proyectos tecnológicos sin un foco claro, ahora se están orientando hacia el sector legal. Detectan un claro nicho de mercado porque ven oportunidades de mejora en el trabajo jurídico gracias a las nuevas tecnologías”, explica José Ramón Morales, socio responsable de industria tecnológica y outsourcing en Garrigues.

El perfil de este tipo de emprendedores es el de personas jóvenes, con conocimientos en el ámbito de la programación, pero no necesariamente vinculados al mundo del derecho.

Y es que para lanzar una legaltech no es imprescindible tener formación jurídica. Estas start up se suelen configurar como sociedades limitadas, no como sociedades profesionales. Por tanto, no tienen la obligación de incorporar abogados en sus filas salvo que haya que prestar un servicio que sólo pueda llevar a cabo un colegiado, como la representación en un pleito.

Uno de los hándicaps con los que se están encontrado las legaltech en España es la escasa cultura digital por parte de las Administraciones Públicas. “Deberían dar un impulso al open data para que toda la información esté disponible. Esto en Estados Unidos es así y supone un impulso más para el sector”, afirma Muñoz.

Iniciativas como LexNET (plataforma digital de litigios del Ministerio de Justicia) han recibido muchas críticas en cuanto a su modo de implementación, pero los expertos consideran que, conceptualmente, van en la dirección correcta.

Tecnología en los despachos
Entre los principales clientes de las legaltech destacan los despachos de abogados que, conscientes de la importancia de las nuevas tecnologías para incrementar su eficiencia, están integrando esta área dentro de su estructura empresarial.

“Es impensable que cuando la gran mayoría de los clientes han acometido sus respectivas transformaciones digitales, los despachos de abogados pretendamos hacer las cosas como hace 20 años”, señala Isabel López-Bustamante, socia de Deloitte Legal.

De este modo, las grandes firmas incorporan cada vez más ingenieros e informáticos en sus plantillas y también subcontratan tareas en las legaltech o colaboran con ellas mediante diversas fórmulas para poder tomar el pulso a este sector.

Un ejemplo de ello es Garrigues, que ha organizado un certamen para premiar a las cuatro mejores iniciativas en este segmento.

“Apostamos por un entorno de open innovation (innovación abierta). A algunas compañías las asesoramos, por lo que pueden ser potenciales clientes. Otras son partners porque nos pueden enseñar muchas cosas”, dice Morales.

La incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito jurídico resulta especialmente útil en aquellas áreas que implican un trabajo repetitivo y que son susceptibles de reducir el tiempo y los costes, como la redacción de contratos estándar o la revisión de jurisprudencia.

Otras áreas en las que las legaltech están aportando valor en estos momentos son la automatización de documentos, la propiedad industrial, la firma digital y la ley de protección de datos.

Además tecnologías como el big data permiten optimizar una cuestión clave para el sector legal: la gestión de datos. “Los grandes despachos generamos una cantidad ingente de conocimiento interno. Lo difícil es determinar cuál es relevante y hacer que sea accesible para los abogados de cualquiera de las oficinas”, comenta Morales.

La eficiencia de este tipo de herramientas podría poner en entredicho la supervivencia de la propia profesión de abogado. Sin embargo, parece que de momento las máquinas no suponen un rival preocupante.

El porcentaje de abogados que serán reemplazados por robots no supera el 5%, según un estudio de la International Bar Association (IBA). “Se seguirá generando empleo, pero con perfiles distintos. Es como antes, que había más secretarias que abogados y ahora es al revés”, afirma Alejandro Touriño, socio director de Écija.

Aliado y competidor
Las legaltech se dirigen a los despachos de abogados, pero también a empresas y particulares. Así, iniciativas como Reclamador.es, que permite presentar reclamaciones a través del móvil, facilitan realizar trámites legales de una manera más rápida y económica.

Además, la tecnología abre todo un mundo de posibilidades para la gestión de demandas colectivas y las reclamaciones en volumen. “Es cierto que pueden ser competidores porque resuelven problemas jurídicos del cliente, pero hay un mercado amplio en el que hay que saber ser competitivo”, señala Touriño.

“Para mí hay un elemento insustituible de valor añadido: la definición de la estrategia de cara al cliente. Por ejemplo, yo no puedo cobrarle lo mismo que antes por un contrato de arrendamiento, pero sí organizar su patrimonio inmobiliario”, explica.

El abaratamiento de los costes de algunos servicios podría ser uno de los efectos secundarios de la irrupción de las ‘legaltech’. En España aún no se ha producido este fenómeno, pero en el mercado anglosajón los clientes de los grandes despachos están renegociando los honorarios a la baja. Si las nuevas tecnologías abaratan los costes, ellos también quieren sacar tajada.

Diario Expansión
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