De los 498 detenidos, 317 contaban con antecedentes penales, 68 tenían pendiente comparecer ante las autoridades migratorias, 18 pertenecían a pandillas y 104 habían entrado irregularmente al país después de haber sido deportados en anteriores ocasiones, según los datos del ICE.

El Departamento de Justicia retendrá la entrega de fondos a las llamadas “ciudades refugio” y a otras localidades que no cumplan con la ley federal de inmigración.