Según la Comisión de Constitución del Congreso, establecer la obligatoriedad del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado es inconstitucional, pues constituye una injerencia sobre la libertad contractual del contratista.

El Consejo Privado Anticorrupción (CPA) es una asociación sin fines de lucro -compuesta inicialmente por 17 gremios- que buscará promover la transparencia y buen gobierno corporativo en la actividad empresarial pública y privada.