l Congreso aprobó en octubre una ley que prohíbe a las reparticiones estatales, entre ellas la administración de fondos de pensiones Anses, vender acciones sin la aprobación de los legisladores.

Aprovechar de un “default” para comprar bonos a precio de remate, rechazar las condiciones de reestructuración y después exigir un pago mayor al precio desembolsado es la estrategia adoptada desde hace muchos años por algunos inversores.

Algunos de los puntos presentados incluyen el derecho de los estados a reestructurar su deuda, la inmunidad soberana y el respeto por las mayorías calificadas en los procesos de reestructuración. La Asamble General de la ONU votará dichos principios antes de mediados de setiembre.

Los acreedores que poseen bonos que quedaron fuera del canje por la cesación de pagos de Argentina en 2001 tienen cada vez más confianza en que el gobierno negociará una vez que venza una cláusula que le impide llegar a un acuerdo.

El Fondo Monetario hizo recomendaciones puntuales, como modificaciones en las cláusulas de acción colectiva (CAC), para evitar batallas legales como las que enfrenta Argentina.

En el año 2003 la deuda pública neta de Argentina era del 135.7% del PBI y a fines de setiembre del 2013 descendió al 17.9% del PBI, es decir a unos US$ 79,000 millones.