María Abascal Rojo
Economista Jefe de Regulación y Políticas Públicas de BBVA Research
Otra vuelta de tuerca al Mecanismo Único de Resolución
Las negociaciones para la creación del Mecanismo Único de Resolución Europeo, hasta ahora muy enredadas, han vivido esta semana una vuelta de tuerca, quizás definitiva, hacia un acuerdo final. Consejo, Parlamento Europeo y Comisión, llevan desde enero con intensas negociaciones para poder lograr un consenso sobre este pilar crucial de la Unión Bancaria.
La sensación de urgencia es clara porque el nuevo supervisor único, el BCE, entrará en funcionamiento en noviembre de 2014, por tanto hay que dejar cerrada la contraparte en resolución para evitar asimetrías en la integración bancaria.
Por ello, ambas partes negocian contrarreloj conscientes de que el periodo legislativo del Parlamento se acerca a su fin, pero con la restricción de una gran divergencia en las posiciones de partida. Incluso, el acuerdo del Consejo de diciembre 2013 fue difícil y supuso entonces un complicado equilibrio entre los Estados Miembros.
Consejo y Parlamento sí comparten puntos de acuerdo muy relevantes para que el proyecto sea creíble. En particular, la creación de una autoridad de resolución supranacional y la creación de un fondo único de resolución financiado por los bancos y que contribuirá a absorber los costes de una resolución adicionalmente a los absorbidos vía ”bail-in” (asunción de pérdidas por accionistas y acreedores).
Sin embargo, hay también puntos de fricción importantes: el Consejo pretende que el fondo de resolución solo sea auténticamente único a los 10 años (la llamada “mutualización gradual”), se discute también de qué institución debe depender la autoridad única de resolución (la Comisión o el Consejo), quién debe decidir acerca de la entrada en resolución de una entidad o el peso que las autoridades nacionales deben tener en la toma de decisiones.
En este contexto, el Eurogrupo y ECOFIN del 10 y 11 marzo han aportado razones para el optimismo. El Consejo ha flexibilizado su posición, otorgando un nuevo mandato a la Presidencia griega para que acerque posturas con el Parlamento antes de abril, cuando acaba la actual legislatura.
El ministro de finanzas griego desvelaba en qué temas el Consejo estaba dispuesto a ceder de cara a sus negociones con Parlamento y Comisión: (i) acortamiento de plazos para la mutualización del fondo único desde los 10 años inicialmente previstos –lo que podría llevar aparejado, como contrapartida impuesta posiblemente por Alemania, un acortamiento de plazos para la dotación del fondo único, (ii) concesión de un papel protagonista al BCE como autoridad encargada de señalar que una entidad está en dificultades, (iii) simplificación de la toma de decisiones, incluyendo un mayor papel de la sesión ejecutiva frente al dominio actual de la plenaria (más sesgada a intereses nacionales) en las decisión del uso del fondo único.
A pesar de estos avances, persisten algunos flecos importantes que hacen augurar que todavía quedan intensas negociaciones.
Uno de los más importantes es de qué institución europea dependerá la autoridad única de resolución. Mientras el Parlamento quiere que sea la Comisión y se opone frontalmente a que el Consejo desempeñe alguna función, el Consejo sigue exigiendo tener un papel significativo en determinadas decisiones de resolución –que le permitirían rechazar una decisión de la autoridad única de resolución.
Asimismo, queda abierta la cuestión del reforzamiento de la capacidad financiera del fondo único. El Consejo no prevé la existencia inmediata de apoyo financiero público europeo al fondo único (“backstop”); tan solo contempla la posibilidad de ese apoyo tras una transición de 10 años.
Sin embargo, el Parlamento defiende que desde el primer momento se establezca una línea de crédito a través del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Sin duda la inclusión de algún tipo de backstop reforzaría la credibilidad del mecanismo.
En definitiva, las negociaciones transcurren según el guión habitual en Europa. Se escenifican los desacuerdos para forzar al máximo las negociaciones y mantener la legitimidad ante los respectivos agentes implicados.
Lo relevante es que las posturas se acercan y todo parece indicar que, aunque sea apurando hasta el límite los plazos, finalmente habrá acuerdo. A esto ya estamos acostumbrados. Lo preocupante sería que el acuerdo descarrile porque entonces sí la Unión Europea perdería credibilidad y retrasaría la recuperación económica.