El Estado peruano perdió S/ 669’771,487.49 en arbitrajes con las empresas brasileñas envueltas en el caso Lava Jato, desde el año 2003 a la fecha.
De acuerdo con un informe elaborado por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE), al que Gestión tuvo acceso, nuestro país solo pudo obtener S/ 255,240.20 de los laudos entablados a las constructoras cariocas, entre ellas, Odebrecht.

Esto representa el 3.18% del monto total pretendido por la defensa del Estado (S/ 8’021,878.94).

Todo lo contrario ocurre en el caso de las constructoras. De los S/ 879’ 339,698.76 que exigieron al Perú, obtuvieron el 76.16%.

Procesos concluidos
Del informe se desprende que las empresas brasileñas demandaron al Estado peruano en 163 oportunidades, mientras que nuestro país hizo lo propio en 14 ocasiones.

En total, hay 93 procesos de arbitraje en trámite, y 55 concluyeron.
La entidad más demandada por las empresas brasileñas, según la relación de los procesos concluidos, es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este ministerio afrontó en total 47 procesos de arbitraje con las constructoras, del 2003 al 2016.

Otras entidades demandadas por estas empresas brasileñas, y que perdieron sus respectivos laudos arbitrales, fueron el Ministerio de Energía y Minas (S/ 38’829,971.32), el Gobierno Regional de Áncash (S/ 84’616, 369.47), el Gobierno Regional del Callao (S/ 27’227,723.71), el Gobierno Regional de Piura (S/ 25’001,022.64), y la Municipalidad Metropolitana de Lima (S/ 21’744,565.75).

Otros arbitrajes
Al Estado peruano le fue bien en otros arbitrajes entablados a firmas privadas. Según el informe del CDJE, nuestro país se adjudicó S/ 21’298,350.82 a la fecha.

Esto representa el 64% del monto total pretendido por el país (S/ 33’179,623.72).

En tanto, los privados obtuvieron S/ 194’840,913.14. La cifra representa el 21% del monto total demandado (S/ 941’061,044.81).

Pérdida de dominio
El documento del Consejo de Defensa Jurídica del Estado también hace un balance sobre los procesos especiales de pérdida de dominio a cargo de las procuradurías públicas especializadas.

Este proceso establece la extinción de los derechos o títulos de bienes de procedencia ilícita a favor del Estado, sin contraprestación ni compensación de naturaleza alguna.

En total, la procuraduría especializada en delitos de tráfico de drogas, a cargo de Sonia Medina, presentó 107 demandas de pérdida de dominio.
De estas solicitudes, 75 continúan en trámite y 32 han sido concluidas.

Por su parte, la Procuraduría especializada en Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, liderada por Janet Briones, presentó 69 pedidos.
Cinco solicitudes fueron aceptadas por el Poder Judicial, mientras 64 aún no tienen una confirmación.

Por último, la Procuraduría Anticorrupción, presidida por Amado Enco, presentó 22 solicitudes de pérdida de dominio.
En el Poder Judicial, 15 procesos continúan en trámite, mientras que siete ya han sido resueltos.