Alfonso Grafos
Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

En los últimos días se han presentado desde el Ejecutivo dos iniciativas orientadas a diseñar en los próximos meses importantes reformas de base en el ámbito sociolaboral que apuntan a un esquema más eficiente e inclusivo de protección social y de relacionamiento en el trabajo.

El seis de enero, desde el Ministerio de Trabajo, constituimos la Comisión Consultiva de Trabajo, conformada por 12 reconocidos expertos en materia laboral y en su impacto en el desarrollo nacional, quienes analizarán las bases de la reforma laboral que el sector Trabajo busca priorizar, tales como la integración y simplificación de los regímenes laborales privados; la facilitación del ciclo laboral de contratación, desarrollo y culminación, para promover la empleabilidad; la revisión de la estructura de los costos de la planilla y la implementación de un cuerpo legislativo laboral integrado y moderno.

El trabajo de esta comisión nos permitirá presentar para su discusión en el seno del Consejo Nacional de Trabajo (CNT) una propuesta de dinamización del mercado de trabajo, con la finalidad de disminuir la informalidad y apoyar la generación de empleo digno para más peruanos, respetando los derechos de los trabajadores, sí, pero a la vez liberando de sobrecargas improductivas a los empleadores.

A su vez, el 11 de enero el ministro de Economía expuso al país la conformación de una comisión de especialistas que, con apoyo técnico del BID, trabajará durante este semestre una propuesta de la denominada Reforma de Protección Social, planteando una estructura de financiamiento y de cobertura moderna y eficiente para tres amparos sociales financiados sobre la planilla y el Tesoro Público. Esto es, la protección contra los riesgos de pobreza en la vejez (pensiones), en el cuidado de la salud (cobertura social y laboral) y en los casos de pérdida de empleo (hoy la CTS, y eventualmente complementada con un seguro de desempleo).

El punto de partida para esta evaluación radica en el preocupante diagnóstico de la baja cobertura previsional (solo el 26% de la PEA cotiza a algún sistema de fondo de jubilación); en los problemas evidentes de eficiencia y calidad del servicio de salud, así como en el peligro de una desprotección laboral por la precariedad en el sector (la informalidad afecta al 70% de los trabajadores).

Considerando los múltiples puntos de contacto que estas reformas tienen entre sí, es imprescindible que las propuestas que se generen tengan instancias de revisión y coordinación multisectoriales, incorporando a los sectores de Economía, Salud, Trabajo y Producción. Por ejemplo, la propuesta de regímenes laborales integrados y simplificados, que revisaremos desde el CNT, debe guardar coherencia tanto con los esfuerzos de formalización y mejora en el clima de negocios y tributación liderados por el MEF a través de los decretos legislativos recientemente promulgados, como con la visión de búsqueda de mayor eficiencia operativa y niveles de servicio en los ámbitos de protección social.

Como se puede notar, estamos hablando de reformas trascendentes y complejas, tanto por su cobertura masiva como por su proyección de impacto en la vida de los peruanos en el mediano y largo plazo, así como en los esfuerzos de formalización empresarial y laboral. La magnitud de estas iniciativas hace imprescindible sociabilizar su análisis y diseño, buscando la sana confrontación de ideas y planteamientos en el afán de acercar consensos que hagan viable la aceptación social y política de los cambios resultantes, incluyendo en su momento un trabajo de base con el Congreso de la República.

En esa línea, un principal eje de nuestra gestión ministerial es la priorización del diálogo social involucrando tanto a las principales centrales de trabajadores como a las organizaciones de empleadores y voceros de la sociedad civil y política involucrados en el desarrollo laboral. Si bien el CNT es el foro por excelencia para este ejercicio democrático, nuestro esfuerzo va más allá y busca fortalecer mesas técnicas de análisis, así como reuniones bipartitas con sindicatos y gremios, a la vez que recorremos el país para recoger de sus bases los urgentes requerimientos a fin de dignificar nuestro mercado laboral.

En los próximos meses constataremos cómo estos esfuerzos de reforma podrán arrojar resultados que permitan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos, sobre todo de aquellos que más requieren del apoyo y orientación del Estado para asegurarles condiciones dignas de trabajo, salud y jubilación.