Actualmente en el Perú existen 933,000 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que pueden utilizar la herramienta del factoring para obtener mayor liquidez pero las operaciones de este tipo aún se encuentran escasamente posicionadas en el mercado peruano debido a la poca oferta que hay, según el Poder Ejecutivo.

La menor oferta de este mecanismo se debe a las barreras regulatorias existentes, al riesgo asociado a tal tipo de operaciones y a fallas de información sobre dichas competencias.

En lo relacionado a las barreras regulatorias existentes, por un lado los requisitos y procedimientos que deben cumplir los inversionistas interesados en ofrecer tales servicios en el Perú constituyen una barrera de entrada “significativa” que desalienta la inyección de fondos que permitan dinamizar el mercado de factoring en el país-

A ello se suma la desventaja competitiva que significa para el mercado peruano el hecho que otros países como Chile, Colombia y México hayan adecuado sus marcos regulatorios para atraer capitales interesados en invertir con fondos destinados al factoring en la región.

Estas barreras han generado, de alguna manera, que la oferta de estos servicios esté concentrados principalmente en la banca múltiple.

“Por ello es necesario modificar el marco normativo vigente en aquellos extremos en los que las regulaciones constituyan una barrera al despegue y desconcentración de este mercado”, advirtió el Poder Ejecutivo.

Otra barrera es el riesgo de este tipo de operaciones a lo que se suma la incertidumbre existente entre los actores económicos respecto a la legitimidad de la factura negociable y la validez de las transacciones que se realizan con la misma.

Parte de esta incertidumbre se genera ante la falta de claridad sobre los alcances de la obligación de emitir la factura negociable, la inexistencia de una entidad estatal que fiscalice la correcta emisión del instrumento y sanciona el incumplimiento de la norma vigente.

En base a este escenario, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la República un proyecto de Ley que modifica diversas normas para promover el financiamiento a través del factoring y el descuento.

Entre los planteamientos de la propuesta esta establece que las imprentas autorizadas están obligadas a incorporar una tercera copia en todas las facturas comerciales que imprimen o importan. A esto se suma la propuesta de designar a la Sunat como entidad encargada de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de lo anterior.

Además se propone habilitar la emisión, transferencia y el cobro ejecutivo de la Factura Negociable para aquellos contribuyentes que emitan sus facturas o recibos por honorarios de manera electrónica.

Otros planteamientos del proyecto son habilitar la desmaterialización, el registro y la negociación de las facturas mediante un mecanismo centralizado a cargo de las instituciones de compensación y liquidación de valores, así como establecer un marco regulatorio competitivo para atraer inversiones en el mercado del factoring.

A junio del 2014, son solo ocho los bancos y dos entidades financieras fuera de la banca múltiple las que actualmente ofrecen los servicios de factoring.