Tres de los más prestigiosos centros de arbitraje internacional podrían dejar de arbitrar en el Perú, debido a los cambios legislativos que trae el proyecto de ley 1088-2016/CR, que está próximo a aprobarse en el Congreso.

Con la regulación se iría en contra de las reglas de prestigiosos centros de arbitraje internacional como el International Centre for Dispute Resolution (ICDR), la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) y la London Court of International Arbitration (LCIA), quienes se verían impedidos de administrar arbitrajes con sede en Perú.

El proyecto 1088-2016/CR interviene de manera directa y negativa en la designación de los árbitros, sostuvo Álvaro Aguilar, experto en arbitraje y Secretario General del Centro Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú).

Refirió que el proyecto estaría prohibiendo a estas instituciones tener control sobre el nombramiento de los árbitros en los arbitrajes administrados por ellas mismas, “labor que es de suma importancia cuando estamos frente a aspectos éticos”, indicó.

El especialista sostuvo que el proyecto en mención se aleja de las mejores prácticas internacionales y agrava el problema al establecer una prohibición que sería un retroceso.

“Simplemente, estas instituciones podrían dejar de arbitrar en Perú, generando un impacto negativo en los conflictos derivados de grandes contratos y proyectos de inversión”, puntualizó.

Explicó que el Perú recogió como eje central de su legislación arbitral, la Ley Modelo sobre Arbitraje Comercial Internacional de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI), que recoge y homogeniza las mejores prácticas de arbitraje a nivel mundial.

“Este modelo, que ha venido funcionado muy bien en Perú, sería modificado de una manera antitécnica, a pesar de ser el más familiar, seguro y fácil de utilizar para los inversionistas”, acotó.

Consideró que no deberían existir este tipo de restricciones en la designación de árbitros, pues va en contra de las recomendaciones que ha efectuado la OCDE dentro de su marco de políticas para la inversión.

Arbitraje Ad-hoc
El Secretario General del Centro Internacional de Arbitraje de AmCham Perú señaló que otro aspecto preocupante que causa incertidumbre en el sector, es la insistencia del Congreso en recortar la figura del arbitraje institucional para los conflictos en las contrataciones del Estado, dándole mayor preeminencia al arbitraje ad-hoc.

“El proyecto de ley 1206-2016-CR recomienda derogar la modificación que hizo el Poder Ejecutivo para reforzar la figura del arbitraje institucional en las contrataciones del Estado y propone darle una mayor fuerza al arbitraje ad hoc, que no tiene mayor control”, explicó.

Sostuvo que de aprobarse ese proyecto se iría contra todos los esfuerzos realizados por incluir, a través del arbitraje institucional, diversos controles en los arbitrajes de contrataciones del Estado y que han sido bastante efectivos para detectar y corregir irregularidades.

“Con la insistencia del Congreso se daría la señal que se quiere beneficiar a grupos interesados en mantener el arbitraje ad hoc”.

Refirió que el arbitraje institucional permitió detectar irregularidades en la utilización de este mecanismo de resolución de disputas, así como descubrir quiénes son los árbitros vinculados al caso Odebrecht.

“Los árbitros vinculados al caso Odebrecht, fueron descubiertos en gran medida a través de las instituciones arbitrales”, dijo.

Finalmente, el experto consideró que las modificaciones al arbitraje deben evitar en todo momento poner en riesgo al eficaz sistema de arbitraje peruano, que muchos inversionistas utilizan en el país con éxito y que es considerado un ejemplo a seguir a nivel mundial.

“En el Perú, a pesar de algunas dificultades, el arbitraje comercial funciona de manera adecuada y, por tanto, es una alternativa real para los inversionistas”, anotó.