Según la ONG CooperAcción, las concesiones mineras continúan creciendo en nuestro país. En el régimen de Minería Artesanal, entre Noviembre de 2010 y Junio de 2013, los titulares pasaron de 9,900 a 12,300.
Así, el área concesionada para minería artesanal creció de 3.5 millones a 4.2 millones de hectáreas, es decir, se expandió 20%.
La organización advierte que estas concesiones pueden ser tomadas por mineros ilegales. Asimismo, refieren que de las aproximadamente 70 mil Declaraciones de Compromiso presentadas a agosto del 2013, sólo 20,875 mineros habían iniciado el trámite de formalización, de los cuales sólo 3,317 pequeños mineros y mineros artesanales contaban con título de concesión minera, y solo habrían manifestado su voluntad de suscribir convenios de explotación.
“La diferencia entre las cifras declaradas es más que notable con la realidad exorbitante de la minería informal e ilegal en el país”, afirmó Julia Cuadros, directora de la institución.
“Si de lo que se trata es de ordenar la minería en pequeña escala, una primera medida que el Gobierno debería dar es la moratoria o suspensión de las concesiones mineras hasta que no se den pasos seguros hacia el ordenamiento y formalización”, señaló.
Otra medida necesaria, según Cuadros, es la inversión pública en el sector de pequeña minería y minería artesanal. “Requieren de apoyo tanto del Estado como de colegios profesionales, universidades, para elaborar a bajo costo los Instrumentos de Gestión Ambiental Correctiva (IGAC)”, dijo.
“Ello debe ir acompañado del fortalecimiento de capacidades y de recursos económicos para los Gobiernos Regionales que tienen la gran tarea de la formalización en sus manos”, acotó.
Por ejemplo, comentó, la Región Arequipa ha recibido 17,000 Declaraciones de Compromiso; si solo 1,000 IGAC fueran presentados hasta el 19 de Abril de 2014 cuando se vence el plazo, se requerirá más personal capacitado, de los 5 que Arequipa tiene actualmente, para que la aprobación del IGAC no sea un trámite administrativo, sino que sea un instrumento de gestión ambiental realmente útil, que permita remediar los daños ya producidos por la actividad en pequeña escala informal y prever impactos ambientales futuros.
“La interdicción contra los mineros ilegales tiene que continuar, pero es insuficiente, tiene que haber más apoyo estatal a la formalización, con recursos y capacidades y no dejar solos a los Gobiernos Regionales en esta tarea”, agregó
“Se requiere una intervención multisectorial, donde se articulen varias estrategias: formalización, desarrollo tecnológico, diversificación económica, fortalecimiento de servicios públicos, educación, salud”, resumió.
