América Latina y el Caribe (ALC) podría mejorar notablemente su infraestructura si pudiese evaluar mejor sus prioridades y mejorar la eficiencia en el gasto, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial emitido hoy.
Repensar la infraestructura en América Latina y el Caribe – Mejorar el gasto para lograr más argumenta que, si bien la región está retrasada respecto a otras en cuanto a inversión en infraestructura, debería enfocarse en mejorar el gasto en lugar de incrementarlo.
América Latina y el Caribe en promedio dedica el 3% de su PBI, comparado con el 7.7% en Asia oriental y el Pacífico, por ejemplo, aunque muchos países dedican más del 4%.
“La inversión en infraestructura puede servir como un poderoso motor de crecimiento en América Latina y el Caribe ahora que la región emerge de seis años de desaceleración, incluidos dos de recesión”, sostuvo Jorge Familiar, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.
“En el contexto actual de espacio fiscal reducido, es esencial que las inversiones sean tan eficientes como sea posible y que el potencial del sector privado sea completamente aprovechado”.
En lugar de centrar la mirada en brechas de financiamiento a menudo mal definidas, el informe defiende la importancia de solucionar las “brechas en el servicio”, de acuerdo a las prioridades de desarrollo de cada país. Esto significa la implementación de mecanismos eficientes para atender esas necesidades, y el establecimiento de normas claras para decidir qué debería ser financiado por los contribuyentes, en lugar de los usuarios.
Prioridades y eficiencia
El Banco Mundial indica que mejorar el desempeño en un entorno fiscal limitado requerirá de prioridades bien definidas. El informe apunta al saneamiento y el transporte, áreas donde ALC está retrasada respecto de otras regiones de ingreso medio, como potenciales áreas prioritarias.
Además, indica que en la región debería considerar factores como el cambio climático, la urbanización y su cambiante perfil socioeconómico, en particular una clase media más grande, algo que está cambiando el perfil de la demanda de servicios de infraestructura especialmente en energía y transporte.
“Hace mucho tiempo que América Latina y el Caribe es innovadora en infraestructura”, señaló Marianne Fay, economista jefe de la Vicepresidencia para Desarrollo Sostenible del Banco Mundial, una de las autoras del informe, quien sostiene que, con su experiencia en normas sofisticadas y asociaciones público-privadas, la región tiene los medios para mejorar sus servicios de infraestructura, mejorando el gasto en los rubros apropiados.
Un gasto más eficiente podría traer enormes beneficios. En el caso del sector energético, donde las pérdidas por transmisión y distribución son elevadas, ALC necesitaría US$ 23,000 millones por año si decide continuar con el modelo de inversión del pasado. Los costos se reducirían al menos a la mitad siguiendo un enfoque que favoreciera la eficiencia, la resistencia ante el clima y las energías renovables.
De acuerdo al informe, muchas de las causas que explican la ineficiente inversión en infraestructura tienen factores exógenos al sector, incluida la falta de capacidad institucional para el planeamiento, la incertidumbre normativa y cuestiones relativas a temas de presupuesto y ejecución en muchos países. Ineficientes procesos de adquisición, por ejemplo, contribuyen a los costos excesivos.
Otra área importante para mejorar la eficiencia es una fijación de precios adecuada para los servicios de infraestructura. El informe plantea que la fijación de precios debería ir más allá de la simples recuperación de costos y tener en cuenta temas como la aceptación social, calidad, equidad y atractivo para el financiamiento comercial. Para proteger el dinero de los contribuyentes, el informe dice que los recursos públicos y concesiones, solo deberían utilizarse allí donde el financiamiento comercial no es viable o rentable.
El informe concluye que permitirles a los operadores de infraestructura diversificar sus ingresos podría contribuir a una mitigación del costo fiscal. Las plantas de tratamiento de agua, por ejemplo, pueden generar electricidad para el autoconsumo e incluso su venta, mientras que el barro saneado puede venderse como fertilizante, en lugar de terminar en vertederos sanitarios a altos costos, opciones no disponibles en la actualidad.
