Las empresas públicas del país deben estar orientadas a listar y cotizar en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), aseguró el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (Iedep) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Este desarrollo garantizaría una mayor transparencia y prácticas de buen gobierno corporativo lo que permitirá ser un paso previo o parte de un esquema para su eventual privatización.

“Un mecanismo plausible que comprometa a las empresas públicas a realizar una gestión profesional ajena a ciclos políticos es su exposición al mercado, es decir, que se encuentren listadas o cotizando en la bolsa de valores y bajo un esquema de gobierno corporativo”, afirmó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima.

Señaló que este proceso mejoraría la valorización de las empresas del Estado tal como sucede con las estatales Petrobras (Brasil) y Pemex (México) que se encuentran en el rubro petróleo – gas y cotizan parte de su capital accionario en la bolsa de valores.

A la fecha existen 34 empresas estatales, distribuidas en los sectores electricidad (16), servicios (4), transportes y comunicaciones (4), financieras (3), inmobiliario (2) e hidrocarburos, minería, comercio producción y salud, con una empresa en cada uno de estos últimos.

Entre las empresas del Estado que podrían cotizar en bolsa, como paso previo a su eventual privatización figuran: Petroperú, Sedapal, Electroperú, Banco de la Nación y Agrobanco.

Estas empresas para que puedan participar en el mercado bursátil deberán prepararse antes para cumplir con las exigencias de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y la BVL.

Cabe destacar que a través del proceso de privatización de las empresas públicas se busca proporcionar servicios de calidad y viabilizar inversiones indispensables para el crecimiento económico con el concurso del sector privado, liberando recursos del sector público para canalizarlos a otras actividades propias de este como la salud, educación e infraestructura.

Finalmente, el Iedep hace mención que durante el proceso de privatizaciones, entre 1993 y 1998, se transfirieron más de 180 empresas estatales del sector telecomunicaciones, electricidad, hidrocarburos, minería, pesca y del sistema financiero.