El Pleno del Congreso observó el Decreto Legislativo N° 1333, que facilita la expropiación de predios para promover los proyectos de inversión, justificando tal decisión en que vulnera los derechos de los ciudadanos pero ahora debe elaborar y aprobar una norma que fomente la reactivación de las inversiones en el Perú, señaló la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Dicha norma debe preservar los derechos de las comunidades pero promoviendo una ágil ejecución de acciones para sanear los derechos de propiedad sobre los predios donde se ubiquen los proyectos”, mencionó el presidente de la CCL, Mario Mongilardi.

Enfatizó que esta norma es trascendental para el desarrollo económico del Perú a fin de promover las inversiones que por tercer año consecutivo vienen cayendo de manera alarmante.

“Caso contrario el crecimiento de la economía podría verse afectado”, advirtió.

Explicó que lo regulado por el Decreto Legislativo N° 1333 resultaba positivo, porque viabilizaba el acceso a predios para utilizarlos en proyectos de inversión de gran envergadura.

“Urge una rápida respuesta del Legislativo para reactivar la economía, sugerimos hacer las correcciones formales que correspondan, pero el Perú no puede seguir esperando o retrocediendo, la creciente masa laboral no puede seguir haciendo cola por un puesto de trabajo”, acotó Mongilardi.

Asimismo, manifestó que la norma derogada creaba el Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP), como parte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), estableciendo una serie de competencias.

Entre esas competencias figura la de formalizar los derechos de propiedad del Estado; declarar la prescripción adquisitiva administrativa; ejecutar programas de reubicación o pago mediante adjudicación de terrenos del Estado o proyectos habitacionales; la ejecución de funciones de saneamiento; entre otros.

“Pero como consecuencia de la derogación de la norma mencionada, acordada en el Congreso, se elimina la posibilidad de contar con la creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados (APIP)”, lamentó el empresario.

En ese sentido, enfatizó la urgente necesidad de contar con una entidad similar que tenga las mismas funciones planteadas inicialmente como ejecución de funciones de saneamiento, programas de reubicación, entre otros.

“Estamos seguros de que el Poder Legislativo planteará en el más breve plazo una norma que destrabe las inversiones en el país”, acotó.

Según el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso, el Decreto Legislativo N°1333 excede los límites de facultades por cuanto incide en el ejercicio de derechos constitucionales como derecho a la propiedad y/o posesión de tierras de pueblos indígenas u originarios; derecho a la identidad étnica y cultural; temas que según indica, requieren de mayor debate.