La ley que permite el mecanismo de adquisiciones, que ha sido calificado bajo la forma de Acuerdos Marco – modalidad especial de contrataciones del Estado – debe ser eliminado debido a que es una vía que facilita la corrupción ya que otorga al funcionario público la discrecionalidad para contratar al proveedor, precisó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El titular del gremio, Mario Mongilardi, explicó que su gremio solicitará al ministro de Economía, Alfredo Thorne, la eliminación de la norma que permite la modalidad de compra a través de los Acuerdos Marco en la medida que el Gobierno tiene las facultades legislativas para hacerlo.

“Desde la CCL hemos advertido a las autoridades de turno y no han hecho nada, el Ministro de Educación, Jaime Saavedra, es víctima del sistema. Reiteramos que el problema no es el titular de la cartera, sino el sistema, por eso invocamos la inmediata eliminación de dicha modalidad”, afirmó el ejecutivo.

En esa línea, dijo que “este proceso de compra direccionada que tienen las áreas de logística para beneficiar a determinados proveedores a través de coimas, no puede continuar”.

Asimismo, agregó que está convencido de la probidad del ministro Jaime Saavedra. “Sin embargo, mientras subsistan disposiciones como las que ahora rigen en materia de contrataciones del Estado, se mantendrá el riesgo de corrupción en toda la administración pública”, advirtió.

“Si bien la actual normativa busca contar con un régimen de participación pública orientada hacia la gestión por resultados y la debida rendición de cuentas de los recursos del Estado, la CCL considera que se ha generado una sobrerregulación, cuya aplicación discrecional y subjetiva es propicia para direccionar los procesos y generar actos de corrupción”, enfatizó.

Por lo que recomienda una normativa que garantice la transparencia en las contrataciones públicas, el fortalecimiento de los mecanismos para neutralizar posibles actos de corrupción, la claridad de las normas legales y reglamentarias de modo que no estén sujetas a interpretación discrecional de los funcionarios y proveedores que deben aplicarlas, así como la canalización de denuncias por transgresiones a las normas.