El informe de auditoría de la Contraloría General de la República sobre la concesión del Aeropuerto Internacional de Chinchero, al que tuvo acceso Gestión, encontró una presunta responsabilidad administrativa funcional en un grupo de funcionarios públicos.

Los hechos detectados por la Contraloría configuran la presunta responsabilidad penal de estos funcionarios por la existencia de elementos que denotan la comisión de delito, lo que implica iniciar un procedimiento sancionador y las acciones legales a cargo de las instancias competentes.

[ Descargue aquí el informe de auditoría completo de la Contraloría sobre la concesión de Chinchero ]

Entre estos funcionarios figura el ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, sin embargo la Contraloría no podrá iniciar acciones legales debido al cargo de Primer Vicepresidente de la República que ocupa en la actualidad.

El propio informe de la Contraloría señala que para fines del inicio del procedimiento sancionador contra los funcionarios involucrados, se excluirá a Martín Vizcarra según lo establece el reglamento de infracciones y sanciones para la responsabilidad administrativa funcional derivada de los informes emitidos por la Contraloría.

En su artículo 3, dicho reglamento señala que se encuentran excluidas las autoridades elegidas por votación popular, como es el caso de Vizcarra en su cargo de Primer Vicepresidente de la República, así como los titulares de los organismos constitucionalmente autónomos y las autoridades que cuenten con la prerrogativa del antejuicio político.

Según el informe de la Contraloría, los funcionarios públicos contra los que se podrán tomar acciones legales son encabezados por la viceministra de Transportes, Fiorella Molinelli y el director general de Concesiones del MTC, Yaco Rosas.

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También están Gianina Beoutis, quien se desempeña como especialista económico de la Dirección General de Concesiones de Transportes del MTC; Nancy Zedano, directora general de la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC; Hernán Muñoz, especialista legal de la Dirección General de Concesiones de Transportes; Yanina Hilario, asesora legal de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y Jonathan Nazareno, analista legal de la misma oficina.

Además aparece el nombre de Camilo Carrillo, director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF; así como de Antonio Balbuena y Alfredo Dammert, miembros del Consejo Directivo del Ositran.