Doce de los principales estudios de abogados de Lima revelaron a Gestión un estimado de enero a mayo de sus operaciones cerradas, en fusiones y adquisiciones (F&A). Un total de 51 transacciones estimadas en más de US$ 2,800 millones (montos públicos).

Sin embargo, también existen operaciones de valor confidencial, por lo que esta cifra sería mayor.

Nicolás Oberrath, socio de consultoría de Negocios de PwC, estimó que a la fecha, tomando en cuenta todo lo referente a F&A del Perú (mercado objetivo, comprador o vendedor), se han realizado operaciones por más de US$ 4,500 millones. Pero precisa que se incluye una operación grande que involucra Pacific Rubiales por US$ 1,300 millones, aunque solo sería en parte marginal atribuible al Perú.

A fines de año se podría llegar a cerca de los US$ 10,000 millones. No obstante, se aprecia un mercado activo en operaciones en curso, sin retroceso en cuanto al número y en distintos sectores, como servicios, energía y desarrollo de proyectos, señaló.

Para Oberrath, en las operaciones que se están gestando no se advierte algo similar a lo de Las Bambas en el 2014, cuyo valor se estimó recientemente en US$ 7,000 millones. Por el momento, no se avizora una operación de más de US$ 1,000 millones. No obstante, siempre puede aparecer.

Hasta el momento, la desaceleración económica no ha sido un factor importante en las decisiones de inversión ni una potencial falta de confianza de la economía (por parte de los consumidores), o la anticipación al año electoral, afirma.

En su opinión, se debe esperar la evolución del segundo semestre del año para estimar la proyección para el 2016, en términos del tamaño del mercado.

Sectores en detalle
En el sector energía siempre existen operaciones en evaluación, por lo que se trata de un sector con “apetito” para los inversionistas, dice.

Muchos de los agentes del mercado de F&A buscan este sector acercándose a proyectos, aunque la oferta de activos o la expectativa de valor de los compradores no necesariamente están alineados. Este fenómeno se aprecia en la región, anota.

En tanto, en el sector de petróleo existe una situación de “estrés”, ya sea en las empresas o en los activos que se transan, están relacionados con los precios actuales del recurso. De tal modo, son un objetivo fácil, al tener un problema de liquidez (producto de los precios bajos de los commodities). “Las empresas se asocian para seguir desarrollando proyectos por lo menos en la parte extractiva”, detalló Oberrath.

También se aprecia que muchas empresas devuelven los lotes que les fueron concesionados por el Estado y están dejando de invertir, añadió.

En el sector servicios, existe un conjunto relacionado al requerimiento de las personas con más ingreso disponible (consumo interno), como los subsectores salud, educación, vivienda y otros. “La percepción es que los inversionistas quieren seguir apostando por un crecimiento demográfico y de potencial incorporación a una clase media”.

En la decisión de inversión no se aprecia una influencia provocada por el proceso electoral presidencial. Es más, ya existen procesos en curso que no han condicionado la transacción a los resultados de la elección, ya que consideran al país con fundamentos (económicos) buenos.

Respecto a los conflictos sociales y la paralización de megaproyectos, Oberrath indicó que no se puede estimar el real impacto en las decisiones de inversión. Para los inversionistas del sector servicios, comercio, retail, manufacturero y demás, es muy lejana esta preocupación, agregó.

En cambio, se advierte que ello podría existir en sectores extractivos o que están en zonas más alejadas de las ciudades en donde se manejen más las relaciones comunitarias.

En el sector minero, la actividad transaccional es baja, aseguró, ya que se transan activos no estratégicos o proyectos mineros más pequeños, con algunas excepciones. Esta situación está relacionada con el ciclo del precio de los commodities y la reinversión del portafolio de las empresas del sector.