Ya se cumplen dos años del Gobierno. ¿Cuál es su balance en minería?
Son varias etapas marcadas. El primer tema fue crear una nueva imposición tributaria a la minería, justo en momentos de altos precios de los minerales. Ello debió producir una tranquilidad, pero solo trajo más agitación. Allí aparecieron una serie de conflictos en distintas partes del territorio. Surgió Conga, pese a que venía de años atrás. Luego vino el cambio de gabinete y el intento de arreglar con Conga. Se pensó que de un bastonazo se solucionaría el conflicto en Cajamarca y se fracasó.

El presidente Ollanta Humala asegura que redujo los conflictos. ¿Ya están garantizadas las inversiones?
Después del primer año, los conflictos disminuyeron. Pero eso no se puede afirmar viendo solo las estadísticas. Hay que ver la raíz del tema. Yo noté, por ejemplo, que se están poniendo nuevas condiciones en los contratos eléctricos. Una inversión minera importante implica un consumo eléctrico alto. Por eso las facturas son millonarias: en diez años pueden llegar a unos 1,000 millones de dólares. Las empresas eléctricas planean su capacidad instalada para atender a una mina. Pero, después del problema de Conga, la pregunta es qué pasa si ocurre un conflicto y se dilatan los tiempos. Qué hago con lo que invertí.

¿Quiere decir que creció el riesgo de los proyectos durante estos dos años?
Ese riesgo no existía antes en los contratos eléctricos. La experiencia de estos dos años revela que se dio un mayor riesgo en los proyectos, vinculados esencialmente con los conflictos sociales. Antes, cuando uno decía tal proyecto estará tal año, se daba casi exacto.

La lucha contra la minería ilegal también fue determinante. ¿Funcionó el paquete de decretos?
Allí se cometió el error de mezclar lo ilegal con lo informal, porque en la práctica son dos temas distintos. Al meterlos en el mismo saco, los que reaccionaron fueron los informales, cuando la batería estaba dirigida a los ilegales. Vinieron una serie de decretos legislativos. Alguno de ellos tuvieron que corregirse y los plazos para la formalización continúan extendiéndose. Al momento pareciera que no se ha logrado mucho, sino más bien la minería ilegal se ha mantenido o extendido. La situación, en algunos casos, ha empeorado.

El último gran debate está en el aspecto ambiental. ¿Hay un rumbo claro?
Yo pienso que en el tema de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) nos faltó pragmatismo. Un EIA no es una obra. Su nombre lo indica: es un estudio, un pronóstico de cómo se va a comportar algo. Al construir una mina se producirá una reacción de la naturaleza. Lo que se pretende demostrar con un EIA es que contrarrestando esta reacción se debe llegar a niveles de tolerancia. Hasta allí, lo básico es creer en la investigación de la empresa y recién después cuando la obra está ejecutada, midiendo uno puede saber si logró o no su cometido.

¿Eso implicaría flexibilizar las normas?
A mí modo de ver no debería existir tanta discusión y detalle que retrasan la aprobación de los EIA. Debería darse la fiscalización en torno a la obra. Ahí el Minam analizará si pone multas o finalmente detiene la obra o se busca una solución. Esa debería ser la concepción real. Nos hemos enfrascado en una discusión de aspectos teóricos o formales, más que reales.