El Congreso de la República tiene un total de 18 proyectos de ley que atentarían contra la competitividad nacional, así lo advirtió el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) en el reporte del Semáforo de la Competitividad correspondiente al período de abril a julio del 2014.

Del total de proyectos que atentan contra la competitividad sostenible, siete afectan a la eficiencia del mercado laboral, seis a las instituciones, tres al entorno macroeconómico y dos a la eficiencia del mercado de bienes.

El IEDEP de la Cámara de Comercio de Lima evaluó los proyectos siguiendo la metodología del Índice de Competitividad Sostenible (SCI, por sus siglas en inglés), y encontró que entre abril y julio se han presentado en el Congreso un total de 342 proyectos de ley, que representan una producción media de 86 proyectos al mes.

“En general, los proyectos de ley que se presentan en el Congreso no siguen un riguroso análisis beneficio–costo, lo que limita un análisis serio. Eso es algo que debiera corregirse”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP.

Entre los proyectos desfavorables que afectarían la eficiencia del mercado laboral figura el proyecto de la colegiatura obligatoria (PL 3445), que pretende establecer como requisito para el ejercicio profesional la obligación de estar colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional, lo que generaría un costo y una traba en el desarrollo profesional y en la concreción laboral.

También se propone el proyecto de Promoción del Trabajo Juvenil, que busca fomentar la creación de puestos de trabajo entre los 16 y 18 años de edad, lo cual obligaría a la empresa a que el porcentaje de jóvenes contratados represente al menos al 5% del total de trabajadores (PL 3528).

En lo que respecta a las instituciones, se propone incluir en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) una evaluación preliminar de salud de la población circundante, la cual se llevaría a cabo al inicio de la explotación minera (PL 3438). Esta medida significaría un sobrecosto y una traba directa a la inversión.

En lo que se refiere a los proyectos de ley que afectarían el entorno macroeconómico, el IEDEP observó que se está proponiendo que el ahorro previsional no sea gravado con el impuesto a la renta (PL 3473).

Así, se plantea que los aportes -tanto obligatorios como voluntarios- sean deducibles para efectos del cálculo de dicho impuesto. Esta medida afectaría la recaudación tributaria y el balance presupuestario, más aún cuando se estima que habrá déficit fiscal en el 2015.

Sobre la Eficiencia del Mercado de Bienes, se detectó el proyecto de promoción del desarrollo de la industria metalúrgica y metal–mecánica (PL 3621), y se plantea crear el Comité Peruano de Abastecimiento de Insumos Minerales para asegurar el abastecimiento oportuno del mercado interno de productos minerales.

Incluso se pretende establecer, vía reglamento, sanciones que se aplicarían a las empresas productoras de insumos minerales que no lleguen atender prioritariamente la demanda nacional, coartando la libertad empresarial.

Proyectos ámbar y favorables
El IEDEP emplea el color ámbar en los proyectos de ley que considera que la información es insuficiente para considerarlos a favor o en contra la competitividad.

En esta clasificación se ha detectado siete proyectos, entre ellos el proyecto de fortalecimiento del control externo preventivo en la gestión gubernamental (PL 3618), que busca fortalecer las competencias del Sistema Nacional de Control, incorporando órganos de auditoría interna en las instituciones reguladoras de servicios públicos.

Sin embargo, se olvida que lo importante es garantizar la autonomía de dichas dependencias, puesto que ya son las mismas entidades las que proporcionan el personal y los recursos para la función de control.

Entre los proyectos favorables, el IEDEP ha identificado un total de 22 propuestas, entre ellas los proyectos que favorecen a las instituciones y que buscan reforzar los derechos de propiedad, pues se ha tomado en cuenta que en los últimos años se ha observado una creciente usurpación de propiedades aprovechando algunos vacíos legales existentes.

Para enfrentar esta problemática se han propuesto modificar la Ley del Notariado y el Código Civil, de tal forma que se exija una mayor rigurosidad en la verificación de datos, tanto del vendedor como del titular de la propiedad (PL 3350), entre otros.