La polémica Ley de Alimentación Saludable, promulgada hoy por Ollanta Humala, fue modificada recientemente con un término que la hace más imprecisa y poco predecible, volviéndose un problema no solo para la industria, sino para entidades como Indecopi, aseguró Omar Alvarado, especialista en Derecho de Publicidad y Competencia de Miranda & Amado.
De acuerdo con el reciente cambio, aprobado el domingo pasado, “ahora la publicidad cuestionable sería la que genere el consumo inmoderado [de comida chatarra]. Eso es un criterio absolutamente subjetivo (…) lo que quizás es inmoderado para mí, el comerse dos hamburguesas, no lo es para otra persona”, explicó Alvarado.
“Lo que hace es dejar en manos de los tribunales la tarea de definir si lo que se ha mostrado [en la publicidad] fomenta algún tipo de consumo inmoderado. Y es difícil porque responde a hábitos y creencias. Este tipo de reglas, como el ‘consumo inmoderado’, difícilmente podrían ser precisadas”, agregó.
Políticas alternativas
Alvarado señala que “la propuesta de ley pierde un poco el punto sobre la causalidad y dónde hay que corregir el problema. A pesar de que digan lo contrario, la norma establece prohibiciones, con tales cargas que hasta puede llegar a eliminar la publicidad”.
“¿Cuál era la mejor manera de solucionar el problema eventual de la alimentación? ¿Es acaso con la publicidad? ¿No será también el sedentarismo?”, cuestiona el abogado. Precisó que ha habido estudios de Harvard y otros en Noruega, donde los resultados muestran al sedentarismo como la principal causa de la obesidad en más de una ocasión.
También están las políticas alternativas y Reino Unido sería un referente. “Hicieron que las empresas inviertan en difundir información publicitaria sobre las prácticas para una vida saludable, en lugar de imponer tantas prohibiciones”, comentó.
México es otro país que inició una cruzada parecida. Ellos tienen un fideicomiso con fines pedagógicos sobre la alimentación y la vida saludable.
De hecho, el Perú tampoco iba tan alejado de este camino. Concortv difundió un comunicado en el que recordaba que la Asociación Nacional de Anunciantes ya había firmado un acuerdo de “autorregulación” el año pasado.
Ahora bien, el abogado ve en este debate una oportunidad para evaluar el costo-beneficio, no solo para precisar la intención de la ley, sino para derogarla. “Como en el fondo tenemos a un Estado ‘niñera’ sería mejor que no salga”, anotó.
Sin embargo, Alvarado previó -antes de que se anunciara su promulgación-, que la voluntad política del Gobierno apoya su aprobación y que, por ello, “el reglamento probablemente flexibilice los criterios para lograr que una mayor cantidad de empresas escape de esta prohibición”.
