La Contraloría intervino en el Aeropuerto de Chinchero a través de acciones de control previo y simultáneo.

Es así que emitió opinión previa –que no constituye autorización o aprobación- en el 2014, respecto a la versión final del proyecto de contrato, y detectó que no se fijó un plazo para el cierre financiero, ni un tope para la tasa de endeudamiento, además los estudios de perfil y factibilidad desarrollados en el Sistema Nacional de Inversión Pública-SNIP no analizaron otras alternativas para la ubicación del aeropuerto, sostuvo Edgard Alarcón.

Posteriormente, en el 2016, se advirtieron riesgos y sugerencias sobre el trámite de Endeudamiento Garantizado Permitido, el cual finalmente no fue autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Respecto a la firma de la adenda al contrato de concesión del aeropuerto, Alarcón Tejada precisó que la Contraloría no emitió opinión previa pues no está facultada para hacerlo. Recordó, asimismo, que presentó al Congreso de la República una serie de iniciativas legislativas y entre ellas una que plantea que el Organismo Superior de Control pueda revisar las adendas de las Asociaciones Público-Privadas (APP), la misma que está en revisión en el Congreso.

Por último, el Contralor manifestó que se está acreditando una Comisión de Auditoría para verificar, entre otros, la consistencia de las opiniones de las entidades involucradas como MTC, ProInversión y Ositran, la modificación del esquema de pago, entre otros.