No es un secreto para nadie que las universidades públicas se encuentran en crisis desde hace varios años, pero la obligación de implementar la nueva ley universitaria dejó entrever la dimensión del problema, primero en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ahora en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Las denuncias de corrupción y malos manejos por parte de las autoridades de estas casas de estudio, no solo han despertado la ira de los estudiantes, que han decidido optar por la toma de locales, sino también la preocupación de la Contraloría General de la República.

El nuevo contralor, Édgar Alarcón, dijo a Gestión que, además de la Universidad Nacional Federico Villarreal, en agosto empezarán a auditar los gastos y decisiones tomadas por siete universidades públicas durante el periodo 2014-2016, en busca de posibles actos de corrupción.

“Este es un tema que le preocupa al país, que le preocupa al ciudadano y en esta nueva gestión nos interesa mucho es el tema social o de servicios como es educación. Hemos estado en un operativo en salud y el siguiente paso es educación y estamos empezando con las universidades, las revisaremos a las siete”, advierte.

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En la lista a ser auditadas se encuentran, además de la Universidad Nacional Federico Villarreal (Lima), la Universidad Nacional de Ingeniería (Lima), la Universidad Nacional de Tumbes (Tumbes), la Universidad Nacional de Trujillo (La Libertad) y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga (Ica).

También fiscalizarán a la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga (Ayacucho), la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión (Pasco) y a la Universidad Nacional San Agustín (Arequipa).

El proceso de auditoría, según explica Alarcón, implica la revisión de todas las decisiones de gastos, pago planillas, compra o contratación de bienes y servicios, realizados por las autoridades en los últimos tres años.

“Porque de ahí vienen las denuncias, que el personal docente no debiera ser administrativo, que se ha pagado planilla a administrativos sin haber trabajado, una serie de situaciones que debemos documentar y comprobar y de ser el caso sancionar”, mencionó.

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Si bien la paralización de la Universidad Nacional Federico Villarreal ya se encuentra en vías de solución luego de varias negociaciones entre todos los actores, el contralor cree que a la Sunedu “le faltó fuerza” en este caso en particular.

La Universidad Federico Villarreal, al igual que San Marcos en su momento, se negaba a implementar el nuevo régimen universitario, lo que generó un caos administrativo en toda la institución y terminó con la toma de los locales por parte de los estudiantes.

“La Sunedu sí tiene capacidad de supervisar, intervenir, pero están siendo muy cautelosos, me parece que les falta un poco de fuerza y energía en sus decisiones”, criticó Alarcón.