Milagros Sánchez V.
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No hay control. Existe una débil capacidad de gestión en gobiernos municipales y regionales, porque el sistema carece de un verdadero órgano de control por parte del Ejecutivo, declaró Paula Muñoz, catedrática de la Universidad del Pacífico (UP).
Existen oficinas de control interno en muchas entidades del Estado, las cuales incluye la Contraloría, pero según Muñoz, muchos de los recursos pagados en estos organismos provienen de las municipalidades y gobiernos regionales.
La autonomía política y económica se ha visto lacerada por la lucha de poderes entre los gobiernos subnacionales, pues no se ha definido bien el papel de cada uno, indicó la socióloga en la presentación de “Agenda 2014”, publicación sobre diversas propuestas para mejorar la descentralización, organizado por la UP.
“Se ha visto una superposición de competencias compartidas en la que no está claro qué hace el Gobierno central, regional o municipalidades”, enfatizó.
Muñoz citó como un punto débil al notable incremento en las transferencias intergubernamentales que municipalidades y gobiernos regionales reciben desde el 2006: este hecho ha multiplicado los apetitos de ambiciosos candidatos por acceder a los gobiernos subnacionales.
Este apetito se evidencia con el actual proceso de elecciones municipales y regionales, donde una lista grande de aspirantes y partidos políticos prolifera en el ambiente electoral.
“La Ley no prohíbe que candidatos con procesos judiciales y penales en curso postulen a un proceso electoral porque se da por sentado que cualquier sistema de administración toma el caso como si fuera inocente”, agregó.
Muñoz resaltó que uno no puede juzgar la culpabilidad del proceso, mientras no se demuestre lo contrario, y por ello, la Ley es bien clara en no prohibir su postulación, pero “la labor de filtro es responsabilidad de los partidos políticos en supervisar qué tipo de gente quiere convocar”.
Frente a este escenario, instó a que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tenga un papel activo en esta hoja de candidatos que ha concitado la atención de la prensa y analistas.
“El JNE debería colaborar más (aunque ya lo está haciendo a paso lento) en cruzar bases de datos con información disponible y amigable para cualquier ciudadano. Los investigadores necesitamos base de datos para un mejor análisis, mas no un cuadro resumido”, agregó.
Una de sus propuestas es el fortalecimiento de la organización en la Contraloría y el JNE, ya que el perfil de los funcionarios en dichas entidades debería reformularse, y convertir a los aspirantes a un puesto laboral en profesionales con capacidad de análisis y recojo de datos estadísticos que sirvan para la toma de decisiones y fiscalización.
La solución que plantea Muñoz es que la responsabilidad no se limite solo al Gobierno nacional, sino a las municipalidades, ya que en los años 2006 y 2007 el gobierno de (Alan) García desactivó el Consejo Nacional de Descentralización, y restó poder a las municipalidades.
“Esto solo genera que las jerarquías no estén claras porque ‘todos se tiran la pelota’. Se les debe devolver el poder a las municipales provinciales, ya que antes tenían poder incluso más que las distritales”, acotó.
No más municipalidades. Muñoz indicó que el Perú tiene más municipalidades de las que puede aguantar, porque su constitución no ha sido eficiente al contar casi el 50% de ellas con menos de 5,000 habitantes.
“El Ejecutivo debería suspender la creación de nuevos distritos y provincias, y por el contrario, incentivar que municipalidades contiguas se asocien y formen un régimen administrativo común con un directorio encargado”, agregó.
