(Bloomberg) Los brasileños no se dejan impresionar fácilmente en estos tiempos. Una brutal recesión económica y 26 meses consecutivos del peor escándalo político de corrupción de que se tenga memoria han contribuido a ello. Pero el 9 de mayo una noticia inusual concitó la atención.

Ese día, una de las compañías más grandes de Brasil publicó una carta abierta al país. En su “Pedido de disculpa y manifiesto por un Brasil mejor”, de 770 palabras, el grupo de ingeniería y construcción Construtora Andrade Gutierrez SA le pedía perdón al país por el papel desempeñado en un fraude multimillonario de sobornos y contratos en la petrolera estatal Petrobras.

No se trató de un arrepentimiento espontáneo. Sergio Moro, el juez federal que actúa en el caso de corrupción en Petrobras bautizado “Lava autos”, había exigido a la contratista un blanqueo: la carta abierta –junto con una multa de unos US$286 millones y la promesa de cambiar los métodos de la empresa- formaba parte de la pena.

Sin embargo, el hecho de que una de las mayores empresas de América Latina haya admitido “errores” y prometido “reparar los daños al país y la compañía” es todo un hito en Brasil. Tal vez las confesiones empresariales se conviertan en el nuevo género de las letras latinoamericanas.

Carta de Lula
Mientras leía el mea culpa de Andrade Gutierrez la semana pasada –una semana en que se vinculó a destacados legisladores con el escándalo de Petrobras y se dispuso que la presidenta Dilma Rousseff se sometiera a juicio político acusada de malversar las cuentas públicas-, no pude evitar recordar otra misiva.

Corría el año 2002 y Luiz Inácio Lula da Silva, un izquierdista a quien todos conocían como Lula, encabezaba las preferencias para la elección presidencial para contrariedad de la clase media brasileña y, sobre todo, de la elite empresarial.

Lula escribió una carta a la población brasileña en la cual abandonaba su clásico discurso anticapitalista y prometía respetar el libre mercado, pagar las deudas de Brasil, contener la inflación y practicar la disciplina fiscal. Más que una confesión fue un cambio de imagen, y funcionó. El “nuevo Lula” ganó la elección y luego un segundo mandato, tras lo cual eligió a su sucesora, Rousseff, que obtuvo dos victorias consecutivas, en 2010 y 2014, y coronó la dinastía política más perdurable desde el retorno a la democracia en 1985.

En momentos en que esa dinastía llega a su fin en medio de un escándalo, los brasileños deben preguntarse cómo pasar ahora de la confesión a la renovación. “La marca Brasil se ha visto afectada”, me dijo Joel Velasco, un analista para América Latina de Albright Stonebridge Group, una consultora con sede en Washington. “Nos encontramos ante otra posible década perdida”.

Basta con pensar que casi una decena de las grandes empresas de Brasil están involucradas en la investigación del caso “Lava autos” y que algunos de sus principales ejecutivos se encuentran en la cárcel. Muchas de esas compañías, cuya reputación quedó manchada y que vieron paralizarse las obras públicas, están perdiendo ingresos y eliminando puestos de trabajo. El sector de la construcción despidió a 415,000 trabajadores en todo el país al declinar sus ingresos un 7.5% el año pasado, según la asociación de obras públicas de Sao Paulo.

La clave para la recuperación es “el futuro del lava autos”, afirmó la asociación en su último informe. En otras palabras, ¿cuánto más afectarán a la economía del país las consecuencias de la investigación?

Acuerdos de indulgencia

Una serie de contratistas involucrados en el escándalo de corrupción siguen los pasos de Andrade Gutierrez y negocian acuerdos de indulgencia, elementos clave de la nueva legislación brasileña sobre sobornos que permiten a las autoridades separar a las empresas de sus funcionarios delincuentes: los ejecutivos corruptos van a juicio, mientras que las empresas se reestructuran, compensan a la sociedad por los daños y siguen adelante.

Pero ese camino abunda en burocracia y superposición de autoridades con voz y voto en el tema. Un acuerdo con la fiscalía podría ser rechazado por la Contraloría General, que tiene la facultad de impedir que determinadas compañías obtengan contratos de obras públicas. La comisión federal antimonopólica, Cade, y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) también pueden intervenir.

Los conflictos entre burócratas no ayudan. “Las empresas no saben con quién hablar ni si un acuerdo se mantendrá”, dijo un consultor de un contratista involucrado en el caso del Lava Autos, que pidió que no se revelara su identidad. “Eso ha generado una enorme incertidumbre legal”. Una compañía constructora, Mendes Junior, decidió no negociar y se le prohibió participar en licitaciones públicas durante dos años.

La mayor preocupación es ahora cómo podrá Brasil llegar al fondo del mayor caso de corrupción de su historia sin agudizar el peor derrumbe económico desde la Gran Depresión.

Joel Velasco plantea el dilema de Brasil con terminología de tiempos de guerra. “Tenemos que determinar cómo harán esas empresas, algunas de las cuales son buenas, para sobrevivir en estos tiempos difíciles”, dijo. “En este momento, los brasileños quieren investigarlo todo y a todos, y está bien. Pero si el país quiere recuperarse, en algún momento necesitaremos reconciliación y reconstrucción”.

Tal vez ese sea el tema de la próxima carta abierta a los brasileños.

Esta columna no necesariamente refleja la opinión de la comisión editorial, la de Bloomberg LP ni la de sus dueños.