ENTENDIMIENTO. El presidente de la República, Ollanta Humala, consideró como una “decisión histórica” el lanzamiento de ProCalidad, un programa diseñado para incrementar la calidad de la educación superior. Y, en efecto, esta decisión podría serlo considerando la deplorable situación de la educación en el país (como nos demuestran todos los rankings internacionales).

El proyecto, que recibirá una inversión de 148 millones de soles por parte del Estado peruano y del Banco Mundial, tiene dos componentes principales. El primero es un fondo disponible para las entidades públicas –universidades o institutos superiores- que deseen acreditarse bajo el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación (Sineace). Lo único que deben hacer para postular al fondo es elaborar un plan de mejoras que permita a sus facultades cumplir con los requisitos del Sineace a fin de lograr su acreditación.

El segundo componente es la elaboración de un observatorio con información de acceso público acerca de los egresados –sueldos, tasas de desempleo, rapidez para encontrar trabajo, principales empleadores, etc.- de cada institución, ya sea pública o privada, del país. De esta manera es mucho más fácil para los estudiantes y sus padres de familia tomar una decisión informada (con lo cual se podría calcular el retorno aproximado de la inversión, por ejemplo) a la hora de elegir una casa de estudio.

Pero, como mencionamos antes, esta decisión –aunque muy positiva- solo calificaría de histórica si refleja una nueva estrategia por parte del Gobierno para mejorar la calidad de la educación. Sigue en discusión, pues, el proyecto de ley universitaria presentado por el oficialismo y auspiciado por el presidente de la Comisión de Educación, Daniel Mora. Esta propuesta obliga a todas las universidades a adscribirse a los estándares del Sineace (bajo amenaza de cierre) dentro de otra serie de medidas que restringen la independencia con que las universidades deciden manejarse a sí mismas. Una idea que no solo es contraproducente para su propósito sino que además pone en riesgo la libertad de opinión a lo largo y ancho del país.

Si el Gobierno ha entendido –finalmente- que las universidades malas desaparecerán por sí mismas mientras el consumidor las pueda distinguir fácilmente, entonces estamos de acuerdo con Ud., señor presidente.