CALIFICACIÓN. Ratificando la decisión de Standard and Poor’s, el miércoles pasado la agencia de riesgo Fitch Ratings elevó la calificación soberana de largo plazo del Perú, tanto en moneda local como en extranjera. Para ambas agencias, ahora Perú es el segundo país más seguro de América Latina para invertir, después de Chile. Y según el presidente del Banco Central de Reserva, Moody’s –la otra de las tres calificadoras más importantes del mundo- no tardaría en ponerse a la par.

Las razones las hemos venido atestiguando todos los peruanos en los últimos tiempos y muchos de nosotros las conocemos de sobra. Aunque no está de más repetirlas, pues, algunos de nuestros más ilustres ciudadanos parecen olvidarlas de vez en cuando.

Esta mejora representa un reconocimiento al continuo y sostenido crecimiento que hemos experimentado en los últimos diez años, acompañado de un manejo macroeconómico y fiscal ejemplar.

En el reporte emitido por la calificadora se destacan los bajos niveles de deuda que mantiene el Gobierno –que para fin de año llegaría a 18.9% del PBI –, así como el nivel de reservas internacionales del BCR –33% del PBI– que le permitirían al país mitigar el riesgo de shocks externos. Además, se reconoce el enfoque pragmático de la administración de Humala para atraer inversión privada y para implementar reformas en el Estado, particularmente, la del marco fiscal.

Y mientras acá vivimos preocupados por una desaceleración marginal del crecimiento, Fitch Ratings estima que en los próximos dos años el Perú ostentará uno de los crecimientos más enérgicos en su categoría. A veces, hace falta una mirada impersonal para ayudarnos a ver las cosas con perspectiva.

Pero no todo es color de rosa. Todavía cargamos con los estragos de una economía subdesarrollada. Los conflictos sociales, la debilidad de las instituciones y el déficit de capacidades, producto de un paupérrimo sistema educativo, siguen siendo las pesas que no nos permiten despegar del todo para Fitch. Todos problemas que no solo le corresponde resolver al Estado, sino también exigir a la ciudadanía.