Pensiones sostenibles y suficientes
Rafael Doménech
Economista Jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research
El Gobierno de España acaba de presentar su propuesta sobre la aplicación del Factor de Sostenibilidad del sistema público de pensiones, que tendrá que aprobarse antes de que acabe el año. En líneas generales esta propuesta sigue las principales recomendaciones del Informe que el Comité de Expertos entregó al Gobierno el pasado 7 de Junio. Por esta razón mi valoración es positiva, al satisfacerse los objetivos con los que se diseñaron los dos componentes del Factor de Sostenibilidad propuestos en ese informe y preservar en lo sustancial sus características.
El primero de esos dos componentes propuestos por el Comité era el Factor de Equidad Intergeneracional (FEI), que afecta sólo al cálculo de la pensión inicial, moderando su crecimiento en función del aumento de la esperanza de vida respecto a un año base. Su objetivo principal es tratar de manera igual a personas que se jubilen con la misma edad y con el mismo historial laboral pero en años diferentes y que, como consecuencia de su distinta esperanza de vida, terminen beneficiándose del sistema de pensiones durante un número de años muy distinto.
El Comité de Expertos recomendó que el FEI se aplicara lo antes posible dentro del periodo 2014 a 2019, aunque teniendo en cuenta las diversas circunstancias de los colectivos afectados por la Ley de 2011. En su propuesta, el Gobierno ha optado por aplicar el FEI a partir de 2019, con la finalidad de interferir lo menos posible con otras medidas en marcha aprobadas en la reforma de 2011. No obstante, al aprobarse antes de que acabe el año se lanza una potente señal para que los futuros pensionistas puedan anticiparse con tiempo y, por lo tanto, adoptar medidas que compensen al menos parcialmente los efectos del FEI.
¿Cuán relevante es aplicar el FEI en 2019 en lugar de hacerlo en 2014? Tal y como se señalaba en el informe del Comité de Expertos, con las previsiones actuales de esperanza de vida del INE, el FEI reduciría el crecimiento previsto de la pensión inicial en 5 puntos porcentuales cada 10 años, es decir, 2.5 puntos cada cinco años. Como la población de pensionistas se renueva aproximadamente a razón de un 5% cada año, el ahorro acumulado al que se renuncia por aplicar el FEI en 2019 en lugar de 2014 es inferior a cuatro décimas del gasto total en pensiones, algo totalmente asumible por las cuentas públicas. Como ya se señalaba en el Informe del Comité de Expertos, aunque su aplicación se demore cinco años, lo importante es que el FEI se apruebe ahora puesto que los efectos de su aplicación solo se notarán paulatina y acumuladamente al cabo de muchos años.
El segundo de los componentes propuestos por el Comité era el Factor de Revalorización Anual (FRA), que determina el crecimiento anual de todas las pensiones bajo la condición de equilibrio presupuestario a largo plazo. El FRA es la suma de tres componentes, todos ellos ajustados por el ciclo económico, para evitar que las pensiones disminuyan en las recesiones. El primero es la tasa de inflación media. El segundo es la diferencia entre los ingresos en términos reales y el aumento del gasto del sistema que se produciría incluso si las pensiones no se revalorizaran. El tercero es el ajuste que debe hacerse en la revalorización anual para asegurar que el sistema converge a su equilibrio presupuestario en un número razonable de años. A diferencia del FEI, el FRA sí que tiene importantes efectos a corto plazo para asegurar el equilibrio presupuestario.
El Gobierno ha propuesto un Índice de Revalorización de la Pensiones (IRP) a partir de 2014 que consiste en acotar el FRA mediante un suelo y un techo. Está propuesta está en línea con el informe del Comité de Expertos, que en su página 23 proponía considerar precisamente la Revalorización Anual con límites al alza y a la baja. Como se indicaba en ese informe las opciones naturales serían que la pensión nominal no pudiera disminuir y que, a cambio, no aumentase muy por encima de la inflación.
¿Cómo se aplicaría?
La aplicación de la propuesta del Gobierno es relativamente sencilla. Si el FRA diera lugar a una revalorización negativa, el IRP asegura una revalorización mínima del 0,25%. Por el contrario, si la revalorización del FRA fuera superior a la inflación, el IRP daría lugar a un aumento de las pensiones igual a la inflación más 0,25%. Entre estos límites se aplicaría el FRA sin restricción alguna. Obviamente en todos los casos deberá calcularse el FRA para saber cuál debería ser la revalorización teórica y por qué la revalorización efectiva que realiza el IRP es diferente. De hecho, una discrepancia recurrente entre el FRA y una subida mínima del 0.25 podría exigir la aportación de recursos estructurales al sistema de pensiones, asegurando su equilibrio presupuestario. Sin duda alguna, todo ello introduce una mayor transparencia y proporciona una información muy relevante sobre la situación del sistema, en línea con las recomendaciones que se proponían en el Informe del Comité de Expertos.
Conviene destacar las siguientes propiedades de la propuesta del Gobierno. En primer lugar, el Factor de Sostenibilidad garantiza el equilibrio presupuestario del sistema público a largo plazo. Segundo, frente a la regla de revalorización actual, el Índice de Revalorización de Pensiones permite ganancias en el poder adquisitivo de las pensiones. Tercero, incentiva a que los pensionistas sean los primeros interesados en que se modernice y aumente la eficiencia interna del sistema público de pensiones. Sin duda, el Factor de Sostenibilidad no será la última de las reformas en marcha. En la medida que puedan conseguirse ahorros en el futuro con medidas paramétricas adicionales serán posibles mayores revalorizaciones de las pensiones. Cuarto, alinea los objetivos de las pensionistas con los del resto de la sociedad: todas las reformas estructurales que permitan aumentar el crecimiento económico y reducir la tasa de desempleo estructural darán lugar a una mejora de los ingresos del sistema de pensiones, que podrían permitir ganancias de poder adquisitivo de los pensionistas.
En este sentido, como bien señalan las organizaciones sindicales, la mejor política de pensiones es la de creación de empleo, ya que un sistema de reparto como el que se preserva con esta propuesta es tanto más generoso cuanto más tiene para repartir. Quinto, la propuesta del Gobierno es totalmente consistente con la realizada en el Informe del Comité de Expertos, por lo que todas las ventajas del Factor de Revalorización Anual que se señalaban en ese informe aplican también al Índice de Revalorización de las Pensiones. En particular, establece un entorno de transparencia y conocimiento de la salud financiera del sistema por parte de la sociedad, permitiendo responder de manera anticipada a los retos demográficos y económicos.
En definitiva, nos encontramos ante una propuesta del Factor de Sostenibilidad que asegura que el sistema de pensiones español se sostenga por sí mismo y refuerza el sistema ante la presión de las tensiones demográficas y condiciones económicas cambiantes. La propuesta garantiza a medio y largo plazo el equilibrio entre los gastos e ingresos de un sistema público de pensiones que debe estar en observación permanente, para que cumpla con sus objetivos de pensiones adecuadas y suficientes, de equidad intergeneracional y de sostenibilidad a largo plazo.
Sería una estupenda noticia que en los próximos meses se alcance un amplio consenso sobre la base de esta propuesta que acaba de presentarse a los representantes sociales y políticos del Pacto de Toledo, preservando las características fundamentales de la propuesta realizada en el Informe del Comité de Expertos. La Comisión de Pacto de Toledo representa la soberanía popular y tiene, precisamente por ello, la responsabilidad de seguir velando, como lo han hecho hasta ahora, por la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
