“Ya no es tan cierto que el Perú sea un mendigo sentado en un banco de oro. Otros países tienen mayor exploración minera y nuestro esfuerzo productivo está en problemas”. Así de contundente fue el exministro de Energía y Minas Fernando Sánchez Albavera. Minera conversó con él sobre su diagnóstico del sector, luego de que asumiera la dirección de la nueva Cátedra Minero Energética de la UTEC.

¿ El Perú ha ganado atractivo para la inversión minera en los últimos años?
La cartera de proyectos para la próxima década es muy significativa, pero lo importante es que se ejecute. Lo preocupante, además, es que el Perú solo está captando entre 4% y 5% de la exploración mundial en minería. En ese nivel nos mantenemos estancados desde hace seis o siete años. La sensación es que explorar en el Perú es tremendamente conflictivo.

¿Cuánto deberíamos captar en promedio?
Siendo uno de los cinco distritos mineros más importantes del mundo, deberíamos estar en un nivel de 10% de la exploración mundial, pero algunos países de la región que estaban muy atrás nos están desplazando, como México, Colombia y Brasil.

Suena contradictorio, porque la BVL es conocida por su segmento junior…
Los exploradores, sobre todo las mineras juniors, ofrecen muchas cosas a las comunidades que después no pueden cumplir. Entonces, cuando venden la concesión, el que va a explotar el proyecto se encuentra con una cantidad de compromisos. Allí hay que poner orden.

Si eso está sucediendo, ¿cómo resolver el problema?
El Estado debería exigirle al peticionario que presente un informe adicional del entorno socioeconómico donde se va a explorar. Así podría evaluar si hay algún grado de conflictividad. También debe reforzar la gestión social: la comunidad tiene que saber cuál es su potencialidad en recursos naturales y qué significa eso en términos de bienestar económico. Ahora el Estado solo reacciona cuando estalla el conflicto.

¿ El asunto es más social que burocrático?
Se necesita crear una ventanilla única para darle más rapidez en la entrega autorizaciones, aunque sería injusto decir que no se ha avanzado en ese campo. Pero sucede que a mí me dan el título minero y después yo solo tengo que enfrentarme a la comunidad. ¿De qué derecho minero se trata? Ese es el tema de fondo, donde el Estado está ausente en la práctica diaria. Si me entrega una concesión, yo debo ser bienvenido a ese territorio.

¿Qué institución estatal podría encargarse de la gestión social?
Esta tarea no puede hacerse desde Lima. Los gobiernos regionales deberían asumirla. No pueden convertirse en opositores de la inversión, como en Cajamarca. Se necesitan “acuerdos regionales mineros”. Ya en algunos hay un consenso sobre la minería, como Apurímac, Moquegua y Áncash.

¿ Y qué hacer con las posiciones antimineras?
Cuando uno examina las organizaciones vinculadas a los conflictos sociales, ninguna tiene representatividad. Yo he encontrado hasta asociaciones de escolares en el informe de la Defensoría del Pueblo. Entonces, hay que elaborar un registro de las que representan corrientes de opinión. No se trata de prohibir su participación, sino de crear un cauce para que sea orgánica y democrática.