El Perú cayó en política y potencial minero, según la última encuesta del Instituto Fraser. ¿Es la fotografía de estos dos años de Gobierno?
Allí lo que influye es el tema de conflictividad social porque en el extranjero nos ven como un país con mucho potencial. Hubo un primer momento de conflictos que restó dinamismo al sector, pero actualmente se están tomando iniciativas que permiten atenderlos y reducirlos. Un punto positivo son las mesas de desarrollo, en donde se están debatiendo las expectativas y necesidades de las poblaciones alejadas. Y también el esfuerzo del programa Tambo, que lleva distintos servicios.
¿Hay menos conflictos sociales como asegura el presidente Humala?
Es cierto. Las mesas de desarrollo en algunos casos está dando resultados: es una forma diferente a otros gobiernos de atender los conflictos sociales. Pero preocupa que estén tomando demasiado tiempo. Y se dilatan más cuando hay temas políticos. Un ejemplo es Espinar, donde se sigue conversando. Sería útil tratar de acotarlos, porque en las inversiones mineras el tiempo es costo y eso puede afectar el desarrollo normal de un proyecto. Se deben resolver lo antes posible.
¿Qué conflictos afectaron la imagen del sector?
En especial, Conga. Y cuando ocurre este tipo de cosas, te quedas con una marca y toma tiempo para que cambie la percepción. Sin embargo, creo que la percepción sobre la conflictividad no es generalizada, sino focalizada. Al final las inversiones responden a más factores, como la calidad del yacimiento, la infraestructura y la competitividad del país. En los dos últimos años, en minería se invirtieron US$ 15,791 millones. En hidrocarburos ya estamos llegando a los US$ 3,000 millones. Y en electricidad US$ 4,618 millones. Hay inversiones, pese a los conflictos.
¿El Gobierno no supo hilar fino en la consulta previa?
Allí habría que encontrar una fórmula para que desaparezca esta incertidumbre. Darle certeza a la inversión de que seguirá su curso programado. La consulta previa, bien usada, puede ayudar a resolver los conflictos sociales; pero, mal usada, puede hasta paralizar el país. Es un proceso nuevo, del cual hay que aprender. No hay experiencias probadas en otros países, y tampoco son muchos los que han firmado el Convenio 169. No tenemos por qué apresurarnos.
¿Y el ordenamiento territorial?
Es lo mismo. Se debe dejar claro que no se puede excluir ninguna de las potencialidades del territorio, porque sería irracional. Si hay una riqueza, se le debe relevar. El 70% del territorio está dentro de reservas naturales, sitios arqueológicos y zonas urbanas. Tenemos todavía un 30% para desarrollar otras actividades, como minería, hidrocarburos, energía o agricultura. No declaremos territorios libres de una actividad determinada, porque no estaríamos dándole el mayor potencial.
