Elías García
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Además de la recientemente dada Ley de Servicio Civil, el Gobierno prepara nuevas reformas en el ámbito laboral, esta vez en las medianas y pequeñas empresas del sector privado, según reveló el viceministro de Hacienda, Carlos Oliva.
El anuncio lo hizo durante la Conferencia de Países del Cono Sur & Área Andina, que organizó en Lima el JP Morgan, con compañías de Perú, Chile y Colombia, y más de 40 representantes de fondos de inversión de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica.
La cita también contó con la participación del economista jefe de JP Morgan para la región, Luis Oganes. Un resumen de la reunión fue divulgado en un informe por el banco de inversión.
En la cita, el viceministro Oliva, según el reporte de JP Morgan, señala que la reforma en el sector privado apunta a reducir el costo de rescindir contrato de trabajadores para pequeñas y medianas empresas, de 170% del salario anual, a 130%.
Tal reducción de costos, refirió el viceministro en la reunión, permitirá tener un empleo de tiempo completo en muchos sectores e industrias, y que llevaría a prescindir de muchos contratos de empleo de corto plazo, lo cual va a beneficiar a la economía en muchos niveles. Esta propuesta forma parte de los cambios en la legislación de las mypes.
Hace dos meses, ante el Congreso, el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, señaló que en el Gobierno se alistaban proyectos de ley para aligerar la carga (costos laborales) a las pequeñas y medianas empresas.
El empleo formal creció 4.% en abril (ver mayor información en la página 14)
No obstante, pese a estos anuncios de aligerar la carga laboral, ayer el Ministerio de Trabajo (Mintra) dictó una resolución que estaría endureciendo la fiscalización para verificar el cumplimiento de normas laborales.
Diez minutos
En dicha resolución, el Mintra establece que desde que el inspector de trabajo comunica su presencia a la empresa inspeccionada y su ingreso en el centro de trabajo, no deberá mediar más de diez minutos. Si vencido este plazo el empleador impide u obstaculiza el ingreso, estará frente a una infracción a la labor inspectiva por negativa injustificada.
El inspector podrá hacerse acompañar por policías para asegurar su integridad física e ingreso a esos lugares, y extender acta de constatación policial de tal negativa, y podrá asentar la denuncia por delito de desobediencia y/o resistencia a la autoridad.
