El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), a través de la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia (CLC), inició un procedimiento administrativo sancionador contra 39 centros privados de prestación de servicios de hemodiálisis.

La institución tiene indicios de que existiría un acuerdo para incrementar el valor referencial de los procesos de contratación pública de los servicios de hemodiálisis, requeridos por EsSalud para Lima y Callao, entre 2010 y 2012.

Como es sabido, la hemodiálisis es un tratamiento médico para personas que padecen la enfermedad renal crónica (ERC) en su fase más avanzada. Consiste en la realización de un procedimiento por el cual una máquina de hemodiálisis (“riñón artificial”) reemplaza la función de los dos riñones dañados, a través un filtro que purifica la sangre.

El servicio de hemodiálisis es de especial importancia por el impacto en la salud pública pues, si no se brinda este tratamiento a los pacientes que alcanzan una condición terminal (ERCT) se pondría en riesgo su vida.

EsSalud presta el servicio de hemodiálisis a sus asegurados a través de sus redes asistenciales y a través de centros de hemodiálisis privados, en este caso, debido al incremento de los pacientes con ERCT en los últimos años.

Entre enero de 2010 y diciembre de 2012, la demanda por el servicio de hemodiálisis en Lima y Callao se incrementó en 22%, pasando de 3,362 a 4,090 pacientes.

Estos centros de hemodiálisis suscriben contratos con EsSalud para brindar dicho servicio a pacientes con ERCT. Los procesos de contratación pública convocados por EsSalud, ascienden a 86 millones de soles, aproximadamente, por año.

Ante esta situación, que investiga la CLC, cualquier persona con interés legítimo puede acudir a la Secretaría Técnica para apersonarse al procedimiento o aportar información que ayude a la investigación, al amparo de lo dispuesto por el artículo 21.5 del Decreto Legislativo 1034.

El Indecopi reitera su compromiso de vigilar la libre competencia en el marco de las contrataciones públicas, en especial aquellas vinculadas a necesidades esenciales de la población como la salud.