En junio se adjudicará proyecto para bloquear señal de celulares y Wi-Fi en las prisiones

El proyecto demandará una inversión de US$ 4.1 millones y se recuperará mediante el cobro de tarifas de telefonía pública dentro de cárceles donde se instalará el sistema de bloqueo.

(Foto: USI)
(Foto: USI)

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) informó hoy que en junio se adjudicaría la buena pro del proyecto “Prestación de Servicios de Seguridad Tecnológica en las Prisiones”, que busca el bloqueo de celulares y Wi-Fi en los centros penitenciarios.

El proceso que seguirá este proyecto será de Oferta Pública y se llevará a cabo entre el titular de la iniciativa privada, que es el Consorcio Prisontec, y otras dos empresas que expresaron su interés para tratar de adjudicarse el proyecto, presentando para ello su carta fianza correspondiente.

El inicio del proceso de Oferta Pública se ha dado luego que la Resolución Suprema Nº 008-2014-EF, publicada ayer, ratificara los acuerdos del Consejo Directivo de ProInversión sobre incorporación del Proyecto al proceso de promoción de la inversión privada y aprobación del plan de promoción respectivo.

El proyecto permitirá instalar sistemas de bloqueo o inhibición de señales radioeléctricas de los servicios de telefonía móvil, así como de señales de red inalámbrica Wi-Fi en 33 centros penitenciarios del país, lo que ayudará a reducir sustancialmente el crimen organizado desde las prisiones (extorsiones, robos, tráfico ilícito de drogas, etc.).

La instalación de estos sistemas será gradual en los establecimientos penitenciarios, los cuales agrupan poco más del 90% de la población penitenciaria del país.

Asimismo, el proyecto contempla la instalación de teléfonos públicos en dichos establecimientos, garantizando la seguridad de las comunicaciones que realicen los internos. La iniciativa es autosostenible, ya que la inversión se recupera mediante el cobro de las tarifas del servicio de telefonía pública y no se requerirá cofinanciamiento del Estado.

Este proyecto que impulsa ProInversión, por encargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, requeriría una inversión aproximada de US$ 4.1 millones (sin IGV).

El contrato de prestación de servicios tendrá una vigencia de 25 años y durante este plazo el adjudicatario deberá implementar los cambios tecnológicos necesarios para bloquear los nuevos servicios móviles que entren al mercado.

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