(AFP).- Envuelta en un escándalo internacional de sobornos a cambio de obras, la constructora brasileñas Odebrecht y sus confesiones en busca de perdón pueden cobrarse una nueva víctima: la hasta hoy sólida economía de Perú.

La gigante brasileña, importante actor en el caso de corrupción conocido como Lava Jato, admite pagos indebidos a varios funcionarios y políticos en Latinoamérica para ganar licitaciones públicas.

En el Perú, reconoce que desembolsó US$ 29 millones entre el 2005-2014 para hacerse de contratos. Pero Odebrecht asegura que no estuvo sola.

Según una denuncia periodística, el exrepresentante de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, implicó a uno de los mayores grupos económicos de Perú: Graña y Montero, la constructora más importante con la que participó en consorcio de la carretera interoceánica.

En un documento en poder de la justicia, divulgado en la última edición del semanario Hildebrandt en sus Trece, Barata, asegura que Graña y Montero conoció del pago de un soborno de 20 millones de dólares al expresidente Alejandro Toledo, para ganar la obra. El exmandarario es buscado por la justicia.

La acusación derrumbó el valor accionario de la firma peruana en un 60%, tanto en la Bolsa de Valores de Lima como en sus títulos ADR en la Bolsa de Nueva York.

Preocupación general.
“Graña y Montero, que valía US$ 1,100 millones hace tres meses, ahora vale 440 millones de dólares”, dijo a la prensa el gerente general de la corredora Kallpa, Alberto Arispe, en radio RPP.

Administradoras de Fondos de Pensiones en Perú tienen invertidos unos S/ 1,500 millones (US$ 450 millones) en papeles de la firma, y aunque ello significa cerca del 1% del total de los capítales que administran, piden que las autoridades tomen medidas.

En tanto, The Rosen Law Firm, con sede en Estados Unidos, es una de las firmas de abogados que investiga posibles demandas de inversionistas de Graña y Montero que podrían haber sido perjudicados por este derrumbe.

Graña y Montero, que asegura controla 23 filiales en América Latina, rechazó la acusación en un comunicado, y dijo que nunca conoció de pago irregular alguno.

Perú, una economía robusta con fuertes motores en minería, pesca y agricultiura, lleva más de siete años de crecimiento ininterrumpido.

Se expandió un 3.9% en el 2016 pero el gobierno debió reducir sus expectativas de expansión para el 2017 en un punto porcentual, a 3.8%, por los efectos de Odebrecht, que opera en el país desde 1979 y participa en importantes proyectos de infraestructura.

Precisamente el rubro construcción es uno de los de menor desempeño. Se contrajo un 3.15% en el 2016 y necesitaba de un empujón que, por ahora, parece retrasarse. El gobierno prepara un paquete de medidas para estimular la economía.

Las denuncias y sus efectos.
“Las inversiones son necesarias para continuar nuestro desarrollo. Tenemos que recibir inversión extranjera, y si somos un país que es percibido como inestable políticamente, tendremos dificultades en convocar a inversionistas internacionales”, dijo el lunes el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Mario Mongilardi.

Recientemente el gobierno peruano rescindió la concesión para la construcción de un gasoducto valorizado en US$ 7,000 millones que le había otorgado a un consorcio integrado por Odebrecht, Graña y Montero y la española Enagas, debido a incapacidad financiera.

El elevado costo de la obra entregada durante la gestión de Ollanta Humala -que inició en US$ 1,500 millones- es investigado por la fiscalía de Perú.

La CCL espera una crecimiento de hasta 3.8% en el 2017, pero sin considerar los efectos de la corrupción. La suspensión de obras como el gasoducto y de otros proyectos importantes en los que el gobierno había cifrado sus esperanzas, restarían medio punto porcentual a la proyección del PBI, considera Mongilardi.

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, quien fue primer ministro de Toledo durante la aprobación de la cuestionada obra vial a Odebrecht, dice desconocer de las irregularidades y aseguró el lunes que “afuera (en el extranjero) nos ven como el país que más lucha contra la corrupción”.

Según el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, después de Brasil, Perú es el que más ha avanzado en las investigaciones por el caso “Lava Jato”.