Rocío Barja Marquina
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Ya no es un secreto que la escasez de profesionales es un problema que afecta a más del 50% de las grandes empresas en el país.

Frente a esta situación, el jefe de Análisis Macroeconómico de Apoyo Consultoría, José Carlos Saavedra, señaló que una de las propuestas para que la formación de los institutos superiores se vincule de una mejor manera con los requerimientos de las empresas es que la ley que actualmente rige al Senati, se amplíe a todos los institutos tecnológicos del país.

“Este esquema no es beneficioso para todos los institutos sino solo para algunos, sobre todo, para los que están vinculados a la tecnología, o que están en provincias (Arequipa, Trujillo, Cajamarca) junto a las minas”, dijo.

Al respecto, anotó que a nivel nacional existen 900 institutos superiores, de los cuales se estima que aproximadamente el 30% está relacionado a la tecnología o al sector construcción.

De acuerdo con el documento “Cuatro medidas para enfrentar la escasez de mano de obra calificada”, elaborado por Apoyo Consultoría, el esquema propuesto se denomina dual y se utiliza en diferentes partes del mundo, pues implica que parte de la formación de los estudiantes se realice en las propias empresas.

“Ello conviene a las tres partes. A los estudiantes, porque pueden vincularse más con el mercado laboral; al instituto, porque ya no tiene que invertir en maquinaria para las prácticas, y a la empresa, porque tiene contacto directo con el potencial talento y puede capturar a los mejores”, detalló a Gestión.

Mayor incentivo
Otra de las propuestas que hace Apoyo, sobre la base del consenso de empresarios, es que se establezca un incentivo tributario adicional a las empresas que capaciten a su personal.

“El incentivo que ahora existe es bastante acotado y solo se circunscribe a las pymes que están en el régimen general y pertenecen al sector de manufactura”, anotó.

Comentó que el tratamiento del incentivo tributario que se propone es similar al que actualmente se otorga para incentivar la contratación de personas con discapacidad en las empresas.

“Una medida como la que proponemos incentivará la inversión en capacitación, que ahora resulta riesgosa para los empleadores, porque no son propietarios de ella”, subrayó.

El ejecutivo anotó que el Ministerio de Educación ha mostrado su interés en la propuesta y ya está conversando en el Congreso para su debate.