Mala interpretación de normatividad afecta la imagen del sector forestal

Autoridad inmovilizó madera con documentación que acreditaba su legalidad.

La mala interpretación de la normatividad vigente por parte de las autoridades frena las exportaciones del sector maderero, poniendo trabas a las empresas formales que realizan envíos de productos elaborados con madera legal. Esta situación perjudica seriamente la imagen del sector, que el año pasado cerró con una caída de -15%, manifestó el presidente del Comité de Madera e Industrias de la Madera de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer.

Recordó el último caso en el que la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre Lima (ATFFS Lima) detuvo varios despachos de madera que tenían los documentos que certificaban su legalidad. “Fue por un tema netamente administrativo, una mala interpretación de la norma y no por sospecha sobre la legalidad o por un mal manejo en su trazabilidad. Las empresas socias de ADEX tienen los documentos que certifican su legalidad”, enfatizó Fischer.

A mediados de julio, la ATFFS Lima detuvo 29 contenedores de las empresas socias de ADEX, Arbe Lumber S.A.C. y Grupo Maderero AMAZ S.A.C., entre otras. En el primer caso se detuvo 63 piezas de estoraque y en el segundo 256 piezas de la misma especie.

Según el acta de intervención, en la Guía de Transporte Forestal (GTF) elaborada por la ATFFS Madre de Dios, no se describe el producto y solo se indica que se trata de madera comercial, solicita que se especifique que es madera en bloques. Ambas empresas solicitaron la corrección de los documentos y los presentaron ya corregidos a la autoridad en Lima, sin embargo aún no se libera la producción.

En tema se complicó posteriormente, cuando ATFFS Lima determinó que se tratan de trozas escuadradas con presencia de corteza, lo que no se ajusta a la realidad, pues la madera pasó por un aserradero para obtener un producto maderable de cuatro lados rectos, según lo establecido en el reglamento de la Ley Forestal.

Posteriormente, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) del Ministerio Público intervino y emitió un acta de inmovilización, indicando que la madera podría tener origen ilegal, aun cuando las empresas tienen los documentos que acreditan su legalidad e incluso indican la trazabilidad de la misma, desde el origen hasta el puerto del Callao.

Para el gerente general de Arbe Lumber S.A.C., Mario Arbe, se trató de una intervención irregular y arbitraria. “La FEMA no nos notificó al momento de la intervención, solo pidieron información a los responsables de los almacenes particulares, que no necesariamente tienen detalles”, declaró.

Las empresas afectadas presentaron la documentación correspondiente que garantiza la legalidad de la madera, el contrato de concesión, la guía de transporte forestal, el libro de operaciones del aserradero en el que se realizó la transformación de troza en madera en bloques, e incluso las actas de inspección del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) que descarta la existencia de tala ilegal.

Si bien se espera que la carga sea liberada en las próximas semanas, ya existe un daño al sector y a los empresarios. “Tenemos contratos firmados y compromisos con los importadores. Esto nos afecta mucho porque los compradores internacionales pierden la confianza en nuestro país ya que salieron noticias sobre indicios de movilización de madera ilegal”, lamentó Mario Arbe.

Por su parte, el gerente general del Grupo Maderero AMAZ S.A.C., Fidel Ji, consideró que el error nace porque las autoridades no tienen claro los conceptos. En la intervención, indicaron que se trataba de madera no comercial, cuando los productos que iban a despacharse entran en la partida 4407 (madera aserrada o desbastada longitudinalmente), es decir madera rolliza procesada en aserradero y que ha tenido cortes longitudinales.

“Todos los productos de Amaz que se iban a despachar tienen cortes longitudinales, por tanto pueden ser exportados. Lamentablemente esta primera intervención de la autoridad forestal tuvo como consecuencia que la Sunat y la Fiscalía intervengan y pongan en duda el origen legal de la madera, pese a que tenemos toda la documentación que garantiza su trazabilidad”, señaló.

Finalmente, comentó que si la autoridad decide que esa madera no puede exportarse y solicitan que se le realice más cortes, es casi seguro que perderán mercados internacionales que justamente demandan productos con esas características.

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