“Los especialistas en el tema de saneamiento tenemos la obligación de hacer relevante el costo para los países de tener sistemas como existen actualmente, claramente ineficientes, y comparar si ese costo es mayor o menor a una tarifa de autofinanciamiento”, comentó Magaly Espinoza, Ex Superintendente de Servicios Sanitarios de Chile.

Precisó, el modelo chileno se basa en transparentar los costos del abastecimiento del servicio. Si bien existía interés por saber quién los paga, era importante también dar a conocer cuánto cuesta.

En Chile se define el modelo de gestión para el ámbito urbano diferenciado del ámbito rural: se reconoce claramente que en el ámbito rural no es factible un sistema de autofinanciamiento. Por lo tanto, se reconoce la organización comunitaria y se subsidia la inversión y se da asistencia técnica a las comunidades.

Asimismo, en el ámbito urbano se crean ciertas condiciones que permiten de alguna manera aumentar eficiencia y mejorar cobertura.

Dentro de los factores determinantes para optimizar la gestión del saneamiento están el aprovechar las economías de escala, teniendo una micro medición; tener un sistema de tarifas que reflejen los verdaderos costos de abastecer el servicio; tener un sistema de subsidios, pero un subsidio transparente, focalizado en la población que lo necesita y no subsidiar el agua para quienes puedan efectivamente pagar el agua. Y tener también una alianza público-privada.

“Las empresas sanitarias que existían al momento de la privatización, con capital privado, ya tenían una base sustentable, ya tenían coberturas altas, y estaban saneadas. Por lo tanto, faltaba inversión en plantas de tratamiento de aguas servidas.

La decisión política en ese momento es que los recursos para financiar las plantas de tratamiento no iban a ser públicos, porque los recursos públicos se iban a destinar a educación, salud y vivienda, y por lo tanto se invita al sector privado a realizar esas inversiones.

Agregó que las condiciones para un marco regulatorio donde el privado adquiere una especie de monopolio, tiene una competencia a través del regulador. El regulador tiene como tarea fijar las condiciones de operación, controlar la calidad del servicio que se está entregando y fijar las tarifas. Si se deja el monopolio solo, ese monopolio va a tener tarifas ineficientes, no va a tener la calidad de servicio que se necesita y no va a realizar las inversiones.

La alianza público-privada no se puede dejar solo en manos de los privados, también se tiene que tener la contraparte en un regulador que pueda ejercer el rol para garantizar a largo plazo estos servicios y que se realicen los compromisos de inversión, básicamente”, afirmó Magaly Espinoza.

De acuerdo a la especialista, Chile hoy día pasa una segunda fase en sus desafíos regulatorios: con una cobertura casi total en el ámbito urbano, la expectativa se centra en la eficiencia, es decir, en el agua no facturada; la participación ciudadana, es decir, canalizar por la vía correcta el clamor ciudadano para que no se transforme en un problema político inmanejable. Y por último, el cambio climático.