En el Congreso existen cuatro proyectos de ley que buscan promover la exportación de servicios a través de la exoneración del IGV. El problema es que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), actualmente se dejan de percibir S/ 800 millones anuales por esta modalidad.

El último PL es el 1216 presentado por la congresista Luciana León. Al igual que el resto, argumenta la exoneración basándose en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El director general de Política de Ingresos Públicos del MEF, Marco Antonio Camacho, explicó en el Congreso que el AGCS trata de “transacciones de servicios entre domiciliados de otros países. No habla de exportación”.

Precisamente, el AGCS describe cuatro modalidades diferentes de realizar transacciones entre personas, cuyo domicilio se encuentre en un país diferente, y de las cuales solo una cumple con los requisitos del MEF para considerarse exportación de servicios y, por ende, no pagar IGV.

Los requisitos son cuatro: que el prestador viva en Perú, que el usuario sea extranjero, el servicio debe ser oneroso, y la prestación del servicio debe ocurrir en el extranjero, detalló Camacho.

Dentro de las cuatro modalidades del AGCS, solo la primera cumple con estos criterios. El resto no puede considerarse como exportación de servicios, según el MEF.

La segunda modalidad es la que entra en debate. Aquí la transacción se realiza entre un peruano y un extranjero, pero no necesariamente fuera del país.

Por ejemplo, si un turista llega a Perú y decide visitar un dentista, no pagaría IGV por este servicio.

De hecho, la propuesta de León pretende exonerar del impuesto no solo los servicios de salud, sino los de transporte público y de expendio de comidas y bebidas.

Actualmente, ciertos servicios turísticos (como hospedaje y tours) y algunos sectores tienen un tratamiento de “exportación” para favorecerlos. Es decir, se encuentran exonerados del IGV.

“Considerando la modalidad dos que se está proponiendo. Según cálculos de la Sunat, cuesta alrededor de S/ 800 millones anuales”, reveló el funcionario del MEF.

Camacho detalló que la posición de la cartera, en contra de los proyectos, obedece a que las modalidades explicadas (además de la primera) no son exportación de servicios.

Añadió que “ninguno de los países de la OCDE, Unión Europea o Alianza del Pacífico recoge en su legislación los tipos de suministros de servicios de la OMC como exportación”.