La ministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín defendió el proyectro de Modernización de la Refinería de Talara (PMRT). “Somos un país bendecido por recursos naturales, lo que nos ha faltado es recursos en inversión en exploración. Un país que no destina recursos y no fomenta la exploración es un país condenado a que no exista explotación”, dijo la titular del MEM durante el Día de la Energía, organizado por Laub & Quijandría.

Sustentó que el Perú tiene hidrocarburos en el zócalo de la costa del norte frente a Piura, Tumbes, La Libertad y Lambayeque, y Loreto y Puno; así como reservas de gas natural, en Camisea (Cusco) y Junín, además de pozos de gas en el mar.

Más temprano, el presidente de Petroperú Luis García Rosell dijo que la construcción de la Refinería es de obligada construcción debido a una ley aprobada por el Congreso anterior y que dudaba mucho que el Congreso actual la vaya a derogar. Aljovín señaló que suscribía su posición.

“Lo que tenemos que hacer para que esa Refinería no le cueste a los peruanos es que justamente exista petróleo para poder refinar”, comentó la ministra.

Asimismo, dijo que la Refinería dependerá de los acuerdos a realizar con países vecinos; invertir en el Oleoducto que permita al combustible ser refinado; además, debe cuidar que sus costos se mantengan en US$ 5,400 millones.

García Rosell ha señalado que el monto podría reducirse. Aunque este monto se aumentó (se sinceró) por incorporar componentes menores, financiamiento y costos de administración.

EXPLORACIÓN
Aljovín señaló que el Fondo de Adelanto Social servirá para que el Estado llegue antes que las empresas a las comunidades con potencial minero y energético, planteó la ministra Cayetana Aljovín de Energía y Minas, durante el Día de la Energía, organizado por Laub & Quijandría.

“En el pasado, primero llegaban las empresas, antes que el Estado. Tenemos que hacer que el Estado llegue antes y luego lleguen las empresas”, dijo la ministra Cayetana Aljovín, quien comentó que esta es la medida del Estado frente a posibles conflictos sociales que puedan surgir tras un escenario de mayor inversión en minería o energía.

Ese Fondo permitirá la presencia del Estado “antes que se realice la inversión para entablar una relación previa con la comunidad”, indicó.