Carlos Montoro
Director de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal
El mensaje presidencial del pasado 28 de julio incluyó varios mensajes económicos, los cuales han sido complementados por las declaraciones del presidente de la República y del ministro de Economía y Finanzas, que valen la pena resaltar.
Cambio en el énfasis de la política económica hacia el corto plazo. A diferencia del mensaje presidencial del año pasado que estuvo enfocado en el largo plazo, las medidas de política económica anunciadas se encuentran orientadas a retomar la senda de crecimiento y del dinamismo económico.
Para lograr esta recuperación económica, el plan de estímulo se basa en dos ejes principales: el impulso fiscal a través de la ejecución de proyectos de infraestructura pública en el marco de la Reconstrucción con Cambios y otros proyectos, como un programa masivo de agua y desagüe, un programa de impulso a la vivienda social y los Juegos Panamericanos; y el impulso a la inversión privada a través de la viabilización de proyectos en infraestructura, minería e hidrocarburos.
Los cambios institucionales que se han dado para la implementación de la Reconstrucción con Cambios, así como también el anuncio del destrabe de la Línea 2 del Metro, dan señales de que es factible que este plan de reactivación funcione y de que el año 2018 sea mejor en términos de crecimiento.
Este giro en la dirección de la política económica hacia la reactivación en el corto plazo es oportuno, teniendo en cuenta los tres choques negativos que sufrió la economía en los últimos meses: la contracción fiscal del último trimestre del 2016, Lava Jato y el Niño costero.
Cabe mencionar que en el mensaje presidencial estuvieron ausentes los anuncios ofrecidos respecto a las conclusiones de la Comisión de Protección Social y del consejo consultivo de la Estrategia de Formalización, lo cual se encuentra explicado muy probablemente por su limitada relevancia ante la coyuntura actual. Sin embargo, es importante que estas conclusiones se discutan e incluyan en la agenda de mediano plazo de política económica del país.
Respecto al mediano plazo, es vital también que se continúen iniciativas que promuevan la diversificación productiva, como por ejemplo las mesas ejecutivas.
Reconocimiento del error del ajuste fiscal. En el cuarto trimestre del 2016 se realizó un ajuste en el gasto público equivalente a 0.7 % del PBI. Si bien este ajuste apuntó a reducir el impacto en las cuentas fiscales del incremento de la planilla por la administración anterior y a proteger la calificación crediticia, el resultado (no intencionado) fue una contracción real en ese trimestre de la inversión pública del Gobierno nacional de 23%, mientras que el gasto en remuneraciones creció en 9%.
Al respecto, es importante entender el dilema (“trade-off”): un ajuste fiscal durante un periodo de desaceleración tiene un efecto importante en la dinámica de ejecución del gasto público (es como una gran locomotora que cuando se para cuesta hacerla arrancar nuevamente), versus el impacto en el costo de financiamiento (si lo hubiera) de una potencial rebaja en la calificación crediticia por no hacer el ajuste. Por otro lado, ¿debería la política fiscal estar completamente condicionada a una calificación crediticia?
La situación real de las finanzas públicas. La evolución de las cuentas fiscales en los últimos años se ha caracterizado por una reducción en los ingresos públicos, la cual contrasta con el incremento en el gasto no financiero inflexible. Así, los ingresos del Gobierno general al 2016 han caído en 4.2 puntos porcentuales (pp) del PBI por debajo de lo observado en 2012 (22.5 % del PBI), explicado principalmente por menor recaudación asociada a los sectores de minería e hidrocarburos (2.6 pp del PBI), a la desaceleración económica y a medidas tributarias del Gobierno anterior.
En este mismo periodo el gasto no financiero inflexible (incluye gasto comprometido como remuneraciones, pensiones, contratos APP, etc.) ha aumentado en 1.6 pp del PBI (de 10.7 a 12.3% del PBI). Esta situación limita el espacio fiscal para hacer reformas que impliquen menor recaudación o el aumento en el gasto público.
Se ha reconocido que hubo una falla en dimensionar este diagnóstico, el cual fue advertido por el Consejo Fiscal cuando se le pidió opinión sobre la situación en que se encontraban las finanzas públicas al inicio del Gobierno.
Ante esta situación de los ingresos públicos, es necesario que se tomen medidas adicionales para recuperar la presión tributaria, y así poder cumplir con el objetivo de consolidación fiscal propuesto al 2021.
Es imprescindible una agenda de política económica conjunta entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los cinco proyectos de ley presentados por el presidente al Congreso de la República durante su mensaje muestran la importancia de que ambos poderes del Estado trabajen juntos en una misma agenda de política económica para que se puedan cumplir los objetivos trazados.
Finalmente, teniendo en cuenta de que aún hay espacio para corregir errores, es factible todavía revertir el cambio de una regla fiscal basada en el déficit estructural a una de déficit observado (vigente recién a partir del 2018), el cual hace que el gasto público sea procíclico y volátil.
