Pacific ganará cualquier arbitraje al Estado en caso le quiten Lote 192 para dárselo a Petroperú

Según Raúl Barrios del Estudio Bafur, el debate del tema se ha politizado y se está engañando a la población de Loreto al decir que Petroperú está en la capacidad de operar el Lote 192.

Gestion.pe

A pocos días de cumplirse el plazo para que el presidente de la República, Ollanta Humala, tome una decisión sobre el futuro de la ley que otorga el Lote 192 a Petroperú, el hecho de no observar dicha norma podría generar una serie de consecuencias para el Estado peruano.

Al respecto, el socio del Estudio Barrios & Fuentes Abogados (Bafur), Raúl Barrios, señaló que el debate de este tema se ha “politizado” y se está “engañando a la población de Loreto” al decir que Petroperú está en la capacidad de operar el Lote 192.

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“Lo que la población de Loreto piensa es que Petroperú ya puede tomar el Lote 192 y explotarlo inmediatamente, lo cual no es factible primero porque ya hay una empresa (Pacific Stratus Energy) que ha firmado un contrato con el Estado para brindar un servicio de explotación del lote”, explicó a gestion.pe.

Agregó que el segundo motivo por el cual Petroperú no puede entrar inmediatamente a asumir la operación del Lote 192 y es que la Constitución Política del Perú establece que ningún contrato puede ser modificado por una ley.

“La ley que ha aprobado el Congreso es un ‘engaña muchachos’ porque lo que están diciendo es que Petroperú no va a romper el contrato que tiene Pacific sino que en el momento que la petrolera estatal tenga la capacidad técnica y económica para explotar petróleo pues lo haga”, anotó.

En ese sentido, precisó que la ley es anticonstitucional porque la Constitución solo permite que el Estado haga actividad empresarial solamente de forma subsidiaria y por motivos de seguridad nacional o por interés público, lo cual debe estar debidamente demostrado.

“Y aquí (el tema del Lote 192) no hay ni seguridad nacional ni interés público, por lo tanto esta ley es anticonstitucional y en mi opinión el Presidente de la República debería observarla, no debería aprobar esta norma y debería hacer la observación de que esta norma va contra la Constitución peruana”, enfatizó.

Pero en caso hipotético de que el presidente Humala promulgue la ley, Barrios fue enfático en señalar que cualquier ciudadano u organización tendrá la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley ante el Tribunal Constitucional.

“Lamentablemente el problema es que esto se ha politizado, estamos en época de elecciones y los candidatos o los partidos están buscando votos en Loreto, lo cual me parece muy mal porque se está engañando a la población”, advirtió.

Sin embargo, los perjuicios para el país no terminan ahí, ya que si se decida adjudicar el lote a Petroperú y quitárselo a Pacific Stratus entonces ésta última va a poder iniciar un arbitraje internacional contra el Estado peruano y lo ganará fácilmente.

“En el caso que no se cumpla el contrato, Pacífic sí va a poder iniciar acciones legales y puede ir sin ningún problema a un arbitraje internacional y lo tendríamos perdido porque si esto sucede sería el mejor negocio que hubiera hecho Pacific porque iría a un arbitraje para pedir un lucro cesante, con lo que sin trabajar absolutamente nada tendríamos que pagarle el beneficio que ha dejado de obtener por el servicio de los dos años”, anotó.

Finalmente, manifestó que en la historia del país se ha comprobado que las empresas del Estado son “muy malas”, y solo basta con ver a las empresas eléctricas, donde el servicio en Lima está privatizado, con tarifas bajas y servicio durante 24 horas del día, mientras que en provincias aún hay cortes de energía y las tarifas son más elevadas.

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“Las empresas estatales no son tan eficientes como las empresas privadas, eso es lo que hay comparar y algunos congresistas ponen de ejemplo a petroleras estatales extranjeras pero veamos la situación actual de Petrobras y PDVSA, la única que camina muy bien es la colombiana (Ecopetrol) pero es porque tiene un Directorio y profesionales independientes, y el Estado no la maneja políticamente”, concluyó.

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