Andina.- La apuesta del Gobierno por reducir los conflictos sociales mediante la política de la prevención ha despertado confianza en los inversionistas y las comunidades, sostuvo el jefe de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Vladimiro Huaroc.

“Estamos generando un ambiente de confianza para uno y otro: en los inversionistas, para que entiendan que encontrarán un país tranquilo; y en la población, para que sepa que hay un Estado que protege sus derechos”, declaró a la Agencia Andina.

Recordó que esta última tarea había sido abandonada por mucho tiempo, por lo cual la gente de las zonas rurales sentían desprotegidos sus derechos sociales, económicos y ambientales, a lo que “el Estado no puede renunciar”.

“Las poblaciones no se resignan ser espectadores del desarrollo, quieren ser parte del desarrollo y recibir sus beneficios y mejorar su calidad de vida. Es responsabilidad del Estado ayudarlos”, añadió.

Para Huaroc, la política de diálogo y la prevención emprendida en el Gobierno ha permitido dejar atrás la llamada “política de apaga incendios”, en el que el Estado intervenía solo tras estallar el problema.

“La etapa del bombero está pasando, la estamos superando totalmente. Un Estado serio como el nuestro no puede tener una respuesta tan mediática o coyuntural a un conflicto social”, manifestó.

Mineros reconocen mejoría
Señaló, además, que la tarea llevada adelante por su oficina en 15 meses de trabajo ha permitido estrechar la relación con las empresas y tener mejor disposición para que mejoren las relaciones comunitarias.

Según remarcó, el interés por mejorar proviene particularmente del sector minero, que incluso ha expresado su deseo de crear junto con el Estado un centro de excelencia para mejorar las prácticas.

“Ello significa que necesitamos empresas que inviertan en el tema social, que vean el campo social como parte de inversiones, que invertir en las comunidades o zonas de influencias es importante”, añadió.

Dijo que estos avances se están dando en proyectos como Las Bambas (Apurímac), en Candarave (Tacna), Antamina (Áncash), entre otros, donde se observa una nueva relación, en el que la gente tiene mejor percepción sobre las inversiones y aumenta su confianza, lo que generará periodos de colaboración entre empresas y comunidades.

De acuerdo a un último reporte de la Oficina de Diálogo y Sostenibilidad, son 61 los conflictos sociales (23 de ellos por minería) y se ha actuado preventivamente en 69 casos.