(Bloomberg).- Chile avanza hacia la regulación de las empresas que negocian ciertos derivados extrabursátiles y en el mercado cambiario luego de que la falta de supervisión del sector derivó en una serie de estafas piramidales por valor de millones de dólares, dijo un legislador.

Una comisión legislativa que investiga las estafas piramidales propondrá dar a los organismos reguladores del mercado bursátil y la banca facultades para supervisar las compañías, dijo Aldo Cornejo, presidente de la comisión.

“Llegamos tarde para muchos inversores, pero la única forma de evitar más derrumbes es fortalecer las facultades de los organismos reguladores”, dijo Cornejo el martes por teléfono desde Valparaíso. “Si no lo regulamos, el riesgo de que la situación se repita seguirá presente”.

Compañías como AC Inversions, IM Forex, Investing Capital y Rodríguez & Asociados operaron durante años ofreciendo retornos de hasta 40 por ciento anual sin supervisión alguna por parte de los organismos reguladores. Convencieron a sus clientes de que operar en el mercado cambiario y en derivados conocidos como contratos por diferencia a través de operadores no regulados les permitiría obtener grandes ganancias a pesar de la caída de las tasas de interés y el estancamiento del mercado bursátil. Cuanto más los ignoraban los organismos reguladores, más legítimos parecían, hasta que todos se derrumbaron en rápida sucesión en los últimos seis meses.

Los contratos por diferencia, CFD por la sigla en inglés, son derivados financieros en los que el comprador apuesta al valor futuro de un activo y el vendedor acepta pagar la diferencia. Si la diferencia es negativa, el comprador le paga al vendedor. Esos vehículos son ilegales en los Estados Unidos y están muy regulados en la mayor parte de otros países. En Chile cualquiera puede vender o comprar CFD, no hay repartición gubernamental alguna que supervise las transacciones y los compradores pueden tomar crédito por hasta el 99 por ciento de la inversión.

“Hay un importante vacío legal”, dijo Cornejo. “Tenemos que dar a los organismos reguladores facultades para prevenir esas situaciones y para actuar si detectan su presencia”.

En el caso de AC Inversions, más de 5.000 personas perdieron unos 50.000 millones de pesos (US$74 millones), según la comisión legislativa. La firma atraía clientes con la promesa de retornos mensuales de entre 2,5 y 7 por ciento en el mercado cambiario.

En los meses anteriores al derrumbe de la firma, el organismo regulador de valores de Chile, la Superintendencia de Valores y Seguros, recibió 15 consultas y quejas de inversores, dijo la semana pasada a legisladores de la comisión el superintendente Carlos Pavez. El organismo regulador, sin embargo, no pudo intervenir porque la compañía no negociaba valores.

“No tenemos recursos ni facultades para supervisar actividades fuera de nuestra jurisdicción”, dijo Pavez. “No podemos investigar todas las consultas que recibimos, que son alrededor de 15.000 por año”.

Los legisladores comenzarán a elaborar conclusiones a fines de esta semana, dijo Cornejo. Una vez terminada la investigación, a fines de julio, coordinarán cono el Ministerio de Hacienda la presentación de una propuesta al Congreso

“Compañías como esa no pueden operar en Chile sin supervisión”, agregó Cornejo.